El decano del Colegio de Abogados de Madrid afirma que García Ortiz le instó a hacer un comunicado apoyando a la Fiscalía

Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha declarado este viernes como testigo en el 'caso filtraciones'. Desde el ICAM fueron los primeros en denunciar la presunta revelación de secretos por la que el fiscal general del Estado se encuentra actualmente imputado. A su llegada al Alto Tribunal, Ribón ha insistido en que "se ha podido vulnerar uno de los principios básicos sobre los que se construye el derecho de defensa", en referencia al principio de confidencialidad entre abogado y cliente.

"Lo que se está protegiendo es la última frontera para que cualquier ciudadano con independencia de su condición pueda ejercer libremente el derecho a la tutela judicial efectiva y tenga la absoluta confianza de que las conversaciones que mantiene con su abogado formen parte del secreto", ha dicho Ribón a las puertas del Supremo.

En su declaración ante el juez Ángel Hurtado, el decano del ICAM ha explicado que la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, le convocó a una reunión con el fiscal general. Ese encuentro se produjo el 15 de marzo, y también participó -por videoconferencia- la presidenta del Consejo General de la Abogacía. Según fuentes presentes en la declaración, Ribón ha asegurado que aquel día se le instó por parte del propio García Ortiz a hacer un comunicado conjunto con el Ministerio Público en el que se quitara importancia a la nota de prensa emitida por la Fiscalía. La intención de la Fiscalía sería descartar que la nota socavara principios fundamentales de derecho. Pero ni el decano del ICAM ni el Consejo General de la Abogacía estuvieron de acuerdo.

El Supremo avala el registro al despacho del Fiscal general

No es la única novedad respecto a la investigación a Álvaro García Ortiz que se ha producido este viernes. Horas después de la testifical de Ribón, el Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado sobre el registro al despacho del fiscal general y de la fiscal Pilar Rodríguez.

El Alto Tribunal dice, por unanimidad, que esos registros eran necesarios para avanzar en la investigación. Estos recursos -que no han sido resueltos hasta hoy- eran en los que la Fiscalía se amparaba para no hacer preguntas a los imputados del caso en sus declaraciones. Con la vía del Supremo descartando, está por ver si ahora Álvaro García Ortiz recurre al Tribunal Constitucional amparándose en que ese registro podría vulnerar derechos fundamentales.

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