Desarticulada una banda de narcos que usaba a jubilados y parados para recoger droga en Barcelona

Según ha informado este miércoles la Guardia Civil, en la 'Operación Ventalle' se han incautado de casi 5 kilos de cocaína, sustancia que era enviada en pequeños paquetes postales para que fueran recogidos en las oficinas de correos por personas jubiladas o desempleados con escasos recursos económicos. La banda distribuía la cocaína en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Sabadell, Terrassa y Vilafranca del Penedès.

La Guardia Civil ha identificado a otras 30 como miembros de la organización.También han sido investigadas otras seis personas, entre ellas dos abogados acusados de un delito de revelación de secretos al haber sido contratados por la organización para captar información sobre las investigaciones policiales y así evitar ser descubiertos.

La banda estaba liderada por ciudadanos de origen dominicano, que están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, encubrimiento, revelación de secretos y falsificación documental. Durante la investigación, la Guardia Civil ha practicado tres registros domiciliarios, uno en Terrassa y dos en L'Hospitalet del Llobregat, donde descubrieron en la parte trasera de una peluquería un laboratorio clandestino dedicado a adulterar la cocaína y donde intervinieron 1.177 gramos de esta droga, un litro de cocaína líquida, 697 gramos de productos precursores e instrumentos para adulterar la droga.

La investigación se inició en octubre, cuando la Guardia Civil intervino un paquete postal procedente de la República Dominicana, recogido en Cornellà por un anciano de 72 años, que fue detenido al llevar el paquete con unos 1.110 gramos de cocaína ocultos en un ventilador de techo.

En los 9 meses que ha durado la investigación, los agentes detuvieron a otro anciano de 82 años por su supuesta implicación en los hechos y su pertenencia a la organización criminal. Según la Guardia Civil, estos dos ancianos, jubilados y con escasos recursos económicos, fueron meros intermediarios en la recogida del paquete postal y su papel en la organización era la de facilitar sus datos y encargarse de recoger la droga y entregarla a su verdadero destinatario.

Para recibir los envíos postales utilizaban identidades reales y una dirección donde no residía el destinatario, por lo que el paquete era devuelto a la oficina de correos, donde finalmente era recogido por los jubilados. Los envíos se preparaban en Argentina, donde la droga se distribuía en paquetes postales inferiores a dos kilos para que cada uno fuera tratado en correos como una carta, lo que provocaba que no hubiese ningún registro de su seguimiento a través del nombre del destinatario o remitente.

La organización enviaba los beneficios económicos obtenidos de la actividad del tráfico de drogas a Argentina y la República Dominicana a través de repetidos giros de pequeñas cantidades, con la participación de varias personas que prestaban sus identidades como ordenantes de los envíos y a los que la organización criminal pagaba entre 20 y 50 euros por cada uno de ellos. En total, se han identificado a unas 30 personas, que han facilitado sus nombres para la transferencia de cantidades de dinero que oscilaban entre los 1.000 y 2.000 euros.