El Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado desestimar la demanda por despido improcedente interpuesta contra la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y su pareja, el periodista Carlos Sosa, por su exempleada de hogar. La sentencia, difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y contra la que cabe interponer un recurso de suplicación antes su Sala de lo Social, absuelve a los demandados, Rosell y Sosa, de las pretensiones formuladas en su contra por la empleada de hogar que trabajó en su vivienda entre 2012 y 2014 y, posteriormente, entre 2015 y 2020, Simona Chambi, que les acusa de haberla despedido de manera irregular en julio del pasado año.
En el juicio celebrado este lunes la letrada de la pareja sostuvo que esta acción por parte de la demandante se produjo fuera de plazo y defendió la legalidad del despido del que fue objeto el 16 de julio de 2020 por desestimiento y con el abono de la liquidación que le correspondía, y que ascendió a 834 euros. El fallo judicial, conocido este martes, concluye que "no estamos ante un despido nulo, sino ante un desestimiento legítimo del empleador".
Además, considera que "no se ha acreditado" que la demandante "trabajara períodos sin contrato cuando estuvo contratada" por Rosell "ni que existiesen pagos irregulares o en B durante esos mismos períodos". Tampoco, estima el Juzgado, "hay constancia de que, tras regresar de Bolivia" Simona Chambi "trabajase sin contrato o percibiese cantidades en B". "Lo único que consta acreditado es que prestaba servicios con contrato, que desde el 12 de noviembre de 2015 prestaba servicios para el cabeza de familia demandado en el hogar familiar", Carlos Sosa, "y percibía regularmente por transferencia su nómina, cuyo pago asumía la codemandada", Victoria Rosell, "en el marco de los pactos y acuerdos existentes en el ámbito familiar para hacer frente a los gastos domésticos", afirma la sentencia.
Tras conocerse el fallo, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha celebrado la "desestimación íntegra" y ha denunciado las noticias falsas y que el PP haya utilizado este asunto en preguntas al Gobierno con el objetivo de "dañar". "Ya hay sentencia: desestimación íntegra. No hubo falta de contrato, ni dinero en B, ni despido improcedente. Sí hubo ayudas extra, y buena fe del empleador. (Hechos probados). Vergüenza de noticias falsas, y de su utilización en preguntas del corrupto PP al Gobierno para dañar", ha escrito la delegada en su cuenta de Twitter.
Rosell destacó este lunes en su declaración que esta acción judicial en su contra obedece a un intento de Vox de "montar un espectáculo", tratando de difundir que hubo pagos en "b" que nunca existieron y que tampoco figuran en la demanda, y que Simona Chambi estuvo contratada sin estar dada de alta a la Seguridad Social, lo cual tampoco es cierto.
La magistrada en excedencia y miembro de Podemos explicó en la vista oral del juicio que la trabajadora dejó el empleo en noviembre de 2014 porque tuvo que regresar a su país para cuidar de su madre y que se le pagó ese mes completo y otros dos como indemnización y que, además, se le ayudó económicamente para la compra de los pasajes y se le envió dinero, dada la situación difícil que atravesaba en su país. Cuando regresó a España, se le contrató de nuevo pero, como ella estaba en plena campaña electoral e iba a trasladarse a vivir a Madrid, fue su pareja quien actuó como empleador esta segunda vez, cuando volvió a darle de alta en la Seguridad Social, de cuyo abono se hizo cargo Sosa, aunque su salario se le pagaba a través de la cuenta bancaria de Rosell, refirió.
