Detenidas por malversación 14 personas, entre ellos seis funcionarios, uno de la DGT

La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado la detención en el marco de una investigación por amaños de contratos públicos de 14 personas, entre ellos seis funcionarios de la Policía Nacional (no todos agentes) y uno de la Dirección General de Tráfico (DGT), han informado fuentes policiales. Los otros siete detenidos son trabajadores de una empresa relacionada con servicios a las direcciones generales de ambas instituciones pertenecientes al Ministerio del Interior, según han explicado las citadas fuentes.

En la investigación ha participado el Grupo II de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que se ha encargado de destapar, en coordinación con Anticorrupción, una supuesta organización criminal en el seno de este Cuerpo y de la DGT. Esta organización se encargaba presuntamente de amañar, a cambio de mordidas, diversos contratos relacionados con el servicio de cafetería y comidas, además de la confección de uniformes y obras.

El operativo, bautizado como Grapa, se está instruyendo en el Juzgado número 50 de Madrid. Los 14 arrestados pasarán la noche en dependencias policiales, según han informado fuentes policiales. Según ha informado Anticorrupción en un comunicado, este juzgado ha autorizado un total de 22 registros domiciliarios y de entidades sociales en los partidos judiciales de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Móstoles, Navalcarnero, Avila, Arenas de San Pedro y Guadalajara.

Desde la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se ha solicitado también la adopción de medidas cautelares consistentes en el bloqueo de cuentas bancarias, embargo de 13 vehículos (la mayoría de alta gama), así como la anotación preventiva de embargo y prohibición de disponer de un total de seis inmuebles.

La operación Grapa ha destapado una organización de la que formaban parte funcionarios públicos y empresarios confabulados para amañar concursos tanto en la Dirección General de la Policía como de la Dirección General de Tráfico. Los funcionarios públicos se habrían estado beneficiando económicamente de forma ilícita, a cambio de favorecer la adjudicación de contratos públicos a empresas privadas.

Los hechos investigados son susceptibles, según Anticorrupción, de ser calificados como delitos de organización criminal, fraude a las Administraciones Públicas, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y un delito continuado de blanqueo de capitales.