Detenido el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez (PSPV) y otras dos personas por corrupción

El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha coordinado una operación contra la corrupción en la que ha sido detenido el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, del PSPV-PSOE, y otras dos personas, según ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

La causa, declarada secreta, se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia y se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.

Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Policía Nacional han terminado sobre las 22.00 horas el registro que estaban llevando a cabo en la Diputación de Valencia, en el que ha estado presente su presidente, Jorge Rodríguez.

Fuentes cercanas a la investigación han indicado que durante el registro también ha estado presente otro de los detenidos, el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego. Ambos habían sido trasladados desde Ontinyent, donde habían asistido a un registro en el Ayuntamiento, del que es alcalde Jorge Rodríguez y que ha durado unas seis horas, desde las 12,00 a las 18,00 horas.

Las mismas fuentes han señalado que tanto Rodríguez como Gallego, así como los otros cuatro detenidos, pasaran la noche en las dependencias policiales del Cuartel de Zapadores. La operación Alquería ha supuesto la detención de seis personas, Jorge Rodríguez, Ricard Gallego, los gerentes de la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra, Agustina Brines y Javier Simó, el secretario del consejo de administración de Divalterra, Jorge Cuerda, y un asesor del presidente de la Diputación, Xavier Simón, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación.

Las diligencias declaradas secretas por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia se abrieron por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos el pasado mes de mayo, tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.

El juzgado investiga irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra y se han practicado registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes del Ayuntamiento de Ontinyent, la sede social de Divalterra y viviendas particulares de los detenidos.