Díaz Ferrán ha reclamado paralelamente a la titular del Juzgado Mercantil número 12 de Madrid, que le declaró culpable del concurso de Marsans y le inhabilitó durante 15 años, que paralice el recurso que él mismo interpuso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra esta sentencia, han informado hoy fuentes jurídicas. Las mismas fuentes han explicado que, mientras el Colegio de Abogados resuelve sobre la solicitud del expresidente de Marsans, con la que busca no agotar los plazos ni abonar las tasas derivadas de la presentación del recurso, la magistrada deberá acceder a la paralización del mismo en virtud del artículo 16 de la Ley de Justicia Gratuita.
Dicho artículo sostiene que, aunque la solicitud de este derecho no suspenderá el curso del proceso, el secretario judicial podrá decretarlo a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión o caducidad de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes mientras se resuelve sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente.
En el caso de que el Colegio de Abogados o, en su caso, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, decidiera que el expresidente de la CEOE cumple con los requisitos para concederle este derecho, se le designará un letrado de oficio. La jueza de Madrid aludía a irregularidades contables relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de Marsans, inexactitudes graves en la documentación aportada con la solicitud del concurso, una salida fraudulenta del patrimonio de la empresa entre junio de 2008 y junio de 2010 y actos jurídicos para simular una situación patrimonial ficticia.
También subrayaba en su sentencia, dictada en junio, la tardanza por parte de los dueños de Marsans en solicitar el concurso y su falta de colaboración con la administración concursal. Esta petición se une a la que recientemente Díaz Ferrán hizo al Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid para que le asignara una cantidad mensual para destinarla a productos alimenticios y de higiene personal "indispensables y necesarios para su supervivencia", ante la "crítica" situación que atraviesan tanto él como su esposa.
Según un informe policial aportado a la causa que se sigue contra él y el empresario valenciano Ángel De Cabo en la Audiencia Nacional, Díaz Ferrán llegó a acumular bienes inmobiliarios valorados en 88 millones de euros.
Dicho informe incluía un listado con una veintena de propiedades, como la finca El Alamín, en la localidad toledana de Santa Cruz de Retamar, valorada en 40 millones; su domicilio en Madrid, además de gasolineras, locales comerciales, solares, plazas de garaje y viviendas en la capital, Málaga y Mallorca; y dos apartamentos en Nueva York, con un valor conjunto de 7,47 millones Díaz Ferrán, que mañana afronta su primer juicio por no declarar los beneficios obtenidos con la compra de Aerolíneas Argentinas por Air Comet, hechos por los que el fiscal pide para él dos años y cuatro meses de cárcel, se encuentra en prisión provisional desde el pasado 5 de diciembre por el vaciamiento patrimonial de Marsans.
