Torres aún tiene que contestar a las preguntas de dos abogados y al suyo propio y, según el calendario fijado, que podría variar, el siguiente en comparecer será Urdangarin. La magistrada avanzó, al término de la sesión de ayer a las 19.30 horas, que el tribunal pretende retomar el juicio el próximo miércoles 2 de marzo (el 1 es festivo en Baleares) y pidió a los abogados que reserven en sus agendas también los días 3, 4 y 7, para continuar con el interrogatorio de los acusados, teniendo en cuenta "el peor de los escenarios".
Además de Iñaki Urdangarin, solo quedan por declarar la infanta Cristina, prevista para el final, y el asesor fiscal de Nóos, Salvador Trinxet. Torres, que se enfrenta a peticiones de hasta 22,5 años de cárcel, protagonizó ayer de nuevo la undécima sesión del juicio sobre esta trama urdida supuestamente por él y Urdangarin para apropiarse de dinero público.
Los argumentos del exsocio de Urdangarin, que excluyó a la infanta Cristina de cualquier gestión dentro del Instituto Nóos a pesar de que formaba parte de la junta directiva, se han centrado estos días en intentar justificar el trabajo que hizo la entidad para las administraciones balear, valenciana y madrileña, de las que cobró 6 millones de euros por organizar foros deportivos y otros proyectos.
A Urdangarin la Fiscalía le pide 19,5 años de prisión, ya que considera que él y Torres violaron la Ley de Contratos de la Administración Pública y usaron de forma fraudulenta convenios de colaboración. Si la autoría intelectual de los proyectos corresponde a Torres, el fiscal Pedro Horrach atribuye a Urdangarin la vertiente institucional y comercial y el aspecto deportivo de algunas iniciativas, ya que era "el gancho ideal para obtener clientes y aumentar notoriamente los honorarios".
Posteriormente ambos desviaban el dinero a empresas de su propiedad con facturas por servicios ficticios que a veces incluso duplicaban, hasta un total de 5,8 millones de euros entre 2004 y 2007. Torres obtuvo 2,6 millones de beneficios y Urdangarin 1,8, según los cálculos de Horrach.
Había, según el fiscal, empresas sin plantilla y empleados ficticios que trasvasaban de unas a otras sociedades y las sociedades cruzaron facturas entre sí por hasta 8 millones de euros, relata en su escrito de acusación.
