El caso por el que se va a investigar al Rey emérito es por el contrato del Ave en Arabia Saudí, que une las ciudades saudíes de la Meca y Medina. Una impresionante obra ferroviaria que, según se investigó, pudo suponer comisiones que involucrarían al rey emérito a través de testaferros. Los hechos se desarrollaron cuando Juan Carlos era el jefe del Estado y, por tanto, era inviolable.
La inviolabilidad
La inviolabilidad supone la exención de responsabilidad penal para quien ejerce un cargo concreto, principalmente los parlamentarios y el Jefe del Estado. Además la Constitución Española otorga aún más blindaje a la figura del Rey , que protege todos sus actos mientras ostente su cargo.
En el caso de Juan Carlos I, con su abdicación perdió la inviolabilidad pero solo podría ser juzgado por aquellos delitos cometidos después del 19 de junio del 2014, cuando pasó la corona a su hijo Felipe VI.
Y es ahora cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo va a investigar si alguno de esos actos se cometió, presuntamente, después de esa fecha.
El aforamiento
El privilegio que mantiene Juan Carlos I como rey emérito es el del aforamiento. Establece que en caso de ser juzgado sería puesto a disposición de un tribunal jurídicamente superior al ordinario, una ventaja procesal de la que disfrutan más de 10.000 personas en nuestro país entre diputados, senadores, miembros del Gobierno y hasta la cúpula del poder judicial.
El aforamiento supone que la instrucción y el juicio no se llevan a cabo según las reglas generales, como se hacen en los juzgado de Instrucción o en los de enjuiciamiento en las audiencias provinciales.
Además, tras abdicar el rey Juan Carlos I, hubo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 11 de julio del 2014, se introdujo que "además de las competencias atribuidas a las salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte". Esto protege aún más su protección judicial.
Los hechos que se investigan
Las diligencias se abrieron en diciembre de 2018 por la Fiscalía Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen, entonces amiga del Rey, se habrían repartido entre otros el monarca emérito por la adjudicación del ferrocarril entre las ciudades de Medina y La Meca a empresas españolas en 2011.
Con el 'caso Villarejo' en el verano de 2018, se empezaron a investigar judicialmente posibles comisiones ilegales o la existencia de testaferros tras la difusión de una serie de audios grabados en 2015 por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en una conversación con el empresario Juan Villalonga y la examiga de Don Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
La Audiencia Nacional archivó la investigación en septiembre a petición de la propia Fiscalía porque consideraba que los datos que aportaba la Corinna Larsen se referían a hechos ocurridos antes de la abdicación de Juan Carlos I, cuando el rey era inviolable.
Aún así el instructor de la causa en la Audiencia Nacional, el juez Diego de Egea, envió a la Fiscalía, la parte que hacía referencia al presunto cobro de comisiones por la obra del tren y, meses después, La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por la que se investigó en Londres, a Corinna zu Sayn-Wittgenstein en Londres.
A la vez que el juez archivaba el caso en España, la Fiscalía de Suiza abria una investigación sobre una donación que recibió la examiga del rey desde una cuenta suiza vinculada a una fundación panameña. Corinna zu Sayn-Wittgenstein atribuyó esa donación a Juan Carlos I y, la Audiencia Nacional el pasado mes de marzo y a través del juez Manuel García Castellón solicitó datos sobre el caso a la Fiscalía suiza.
