Los siete concejales de Santiago condenados por prevaricación abandonarán la corporación municipal y recurrirán la sentencia que los condena a 9 años de inhabilitación por haber acordado la defensa con dinero público de un excompañero de gobierno imputado en la operación Pokemon. El fallo judicial se supo después de que el 19 de mayo estos ediles del Partido Popular se sentasen en el banquillo acusados de la presunta comisión de un delito de prevaricación tras autorizar en una junta celebrada el 30 de mayo de 2013 abonar de esta manera la defensa del entonces edil de Deportes, Adrián Varela, que formalizó su dimisión el martes pasado.
El acuerdo de costear esta representación legal con dinero de las arcas municipales se adoptó después de una solicitud de Varela, pero al final no se materializó puesto que él mismo renunció a que la minuta de su abogado en la causa judicial que dirige el juzgado de instrucción número uno de Lugo y en la que está imputado por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, se pagase con otros medios que no fuesen los suyos propios.
Los concejales juzgados, y ahora condenados, son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Luis García Bello y Francisco Noya, y todos ellos, a lo largo del proceso, han insistido en defender su inocencia. El acuerdo adoptado fue denunciado por una particular, y la fiscal Arancha San José siempre mantuvo su petición de nueve años de inhabilitación, al entender que no habían defendido lo público.
El fallo del juzgado de lo penal número uno de Santiago sostiene que "injustamente" y valiéndose de su condición de autoridad, estos concejales "obraron" a sabiendas de la arbitrariedad del acuerdo que estaban adoptando, todo ello en beneficio "exclusivamente particular".
El juez Jesús Leal concluye en la sentencia que los acusados fueron en todo momento sabedores de que la resolución no se ajustaba a derecho y que, aún así, acordaron asumir la propuesta formulada por el concejal imputado, que se trató de urgencia, en los términos por él mismo redactados y sin hacer referencia expresa en su acuerdo a los "condicionantes" que desde la Asesoría Jurídica les fueron indicados, ni tampoco examinar en modo alguno si concurrían o no los mismos.
La sentencia hace constar que sufragar con cargo a las arcas municipales la representación procesal de un concejal imputado por delitos de los considerados de corrupción no entra dentro de los parámetros de defensa letrada consustancial a las funciones innatas del cargo. El magistrado considera "candorosa" la "táctica exculpatoria" y ve obstinación en un "intento de justificación".
El alcalde de Santiago, Ángel Currás, imputado en dos causas pero no en la que dio lugar a la condena, ya que no acudió a la junta de gobierno en la que se tomó la decisión, subrayó que el fallo judicial ha supuesto un "duro golpe" y que mantiene la confianza en los ediles. Además, el vicepresidente de la Xunta y secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, dijo ser consciente de que "se deberán tomar decisiones y lo haremos cuanto antes".
Toda la oposición insiste en reclamar la marcha de los concejales condenados, a quienes el PP abrió expediente disciplinario cuando se acordó el juicio oral, y que no será resuelto hasta que haya una sentencia firme.
