Una diputada de Podemos provoca una polémica al pedir que le abran la Sala de Autoridades de un aeropuerto

En torno a las seis menos cuarto de la madrugada, la diputada de Podemos y exjuez Victoria Rosell, pidió primero en el mostrador de la aerolínea Iberia y después en el de información de AENA, que abrieran para ella "inmediatamente" la Sala de Autoridades del aeropuerto de Gran Canaria. Según fuentes, la petición la hizo con una actitud de soberbia.

Rosell se disponía a viajar a Madrid, cuando "de muy malas fromas", increpando al técnico de información, le dijo que otros políticos pasaban por la sala de Autoridades del aeropuerto.

Además aseguró que otros aeropuertos sí tienen una distinción con ella y la dejan acceder por el 'fast lane' (carrirl rápido), -con el que se ahorra tiempo en el control de seguridad del aeropuerto-, sin embargo en el de Gran Canaria no está habilitado. Ella por su parte lo niega y explica que sólo pidió información, aunque ha declinado hacer declaraciones ante los medios.

Según las fuentes consultadas, el técnico explicó a la diputada de Podemos que el 'fast lane', que habitualmente se abre para los pasajeros 'bussines', no está abierto porque no había cola para acceder al avión por el acceso habitual.

Además, en información, intentaron indicar a Rosell cómo es el procedimiento para solicitar la apertura de la Sala de Autoridades y quiénes son las personas que tienen derecho a ella. Pero la diputada de Podemos no quiso atender a las explicaciones y se marchó dando la espalda a la persona que le estaba explicando el procedimiento.

Un Real Decreto de 1983 estipula que la utilización de las Salas de Autoridades de los aeropuertos no está permitida a los diputados, sino que su uso es restringido y además debe ser abonado por el organismo que lo solicita.

El Real Decreto restringe el uso a lo que se consideran altas autoridades del Estado. Es decir, a la Casa Real, al presidente del Gobierno, los ministros, los secretarios de Estado, los subsecretarios y los secretarios generales de los ministerios, así como los directores generales de la Policía y la Guardia Civil.