El Consejo de Ministros ha aprobado el reglamento de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, que fija las indemnizaciones y las ayudas asistenciales.
"Lo aprobamos con retraso fruto de necesidades objetivas que en la gestión de aplicación de la ley se fueron observando", ha asegurado el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El nuevo reglamento completa el marco general y establece los requisitos para ser beneficiario. Entre los puntos más importantes se ha tenido en cuenta que ningún terrorista pueda beneficiarse de estas ayudas.
Las ayudas se fijan en base a los principios de memoria, verdad, justicia y dignidad
Según el ministro, el nuevo reglamento sigue los principios de "memoria, dignidad, justicia y verdad". Además, establece un plazo de un año para que los amenazados, que antes no estaban incluidos en esta ley, puedan solicitar las ayudas que les corresponden.
Las asociaciones de víctimas habían reclamado la urgencia que se apruebe este reglamento, sin el cual algunas no han podido cobrar aún la indemnización que les corresponde. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido en diversas ocasiones que la nueva normativa está inspirada en el deseo de alcanzar la protección integral de las víctimas y asegurará un trato equitativo con independencia del lugar de comisión de los atentados.
La ley reconoce también como víctimas del terrorismo a hermanos, abuelos y nietos de las personas afectadas por atentados y también a las víctimas ilesas a efectos honoríficos.
Se impide el acceso de los terroristas a las ayudas
Nuevo reglamento del dominio público hidraúlico
El Consejo también aprobó un nuevo reglamento del dominio público hidráulico, que supondrá la creación de un registro central del agua.
Con el objetivo de coordinar a todas las administraciones con competencias sobre ese recurso, la nueva norma regula, entre otras disposiciones, la seguridad de las presas, embalses y balsas del territorio español. La última modificación (2008), reconoce que "el dominio público hidráulico cumple funciones ambientales, de protección de los ecosistemas fluviales, de prevención de inundaciones y de prestación de otros servicios ambientales".
Además, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Parques Nacionales que mantiene que las actividades de caza y pesca seguirán siendo incompatibles en estos enclaves pero que permitirá la navegación interna en el Parque Nacional de Monfragüe y el vuelo sin motor en el de Guadarrama.
