Discrepancias dentro del PSOE por la ley de Memoria Histórica

Históricos del PSOE han firmado un manifiesto para pedir al Gobierno que se haga un replanteamiento del proyecto de ley de Memoria Democrática.

"La reconciliación fue una de las claves de la Transición y así quedó plasmado en la Constitución. No aceptamos que el pacto constitucional sea objeto de una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica". Es parte del documento contra el Proyecto de Ley de memoria histórica elaborado por la Asociación para la Defensa de los Valores de la transición. Una organización que está integrada por personas de distintas posiciones políticas, muchas de ellas socialistas.

Entre los firmantes se encuentra algunos dirigentes históricos como el expresidente del Senado, Javier Rojo y el senador, Juan José Laborda. También se han sumado: el expresidente de la Junta de Andalucía: José María Rodríguez de la Borbolla, y otros conocidos socialista como Rafael Delgado, Pedro Bofill, Elena Flores, Julián García Vargas, Julián García Valverde, Antonio José Cosculluela, Salvador Clotas y Alejandro Cerca.

"Tampoco aceptamos que se considere como período sospechoso hasta diciembre de 1983, cuando ya se habían celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales, dos municipales y varias autonómicas. Nos preocupa que esa extensión se haya incorporado al Proyecto de Ley a través de una propuesta acordada expresamente con el grupo político Bildu, expresión actualizada de quienes, precisamente en esa época, utilizaban la violencia terrorista como método sistemático de actuación, con consecuencias dramáticas bien recordadas, sin que el citado grupo aún no haya formulado una condena expresa de aquellos crímenes".

La Asociación pide al Gobierno y a los responsables de los grupos parlamentarios el replanteamiento del proyecto de ley de Memoria Democrática "basado en el consenso por el bien de nuestra convivencia y el futuro de nuestra democracia".

"Los firmantes de este escrito, personas de muy distinta procedencia política, tras haber examinado el estado actual del Proyecto de Ley de Memoria Democrática, en tramitación en las Cortes Generales, nos sentimos en el deber cívico de manifestar nuestra oposición a la orientación que el Proyecto ha tomado, y queremos trasladarla al Gobierno, a los legisladores y a la sociedad española. Compartimos el objetivo de reivindicar la memoria de tantas personas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y la represión posterior, contribuir a superar las secuelas de aquel conflicto y a promover la concordia y la convivencia".

En el texto se muestran de acuerdo en que hay que seguir reparando el daño que la guerra civil causó y exhumando e identificando a las personas desaparecidas. Pero aseguran que se tergiversa el pacto constitucional que se alcanzó en 1978 de la manera injusta y ajena a la verdad histórica que perciben en este proyecto.

"La reconciliación fue una de las claves de la experiencia histórica de la Transición, una experiencia compleja y no exenta de dificultades en la que los españoles quisimos superar lo que había sido un largo periodo de las 'dos Españas', excluyentes y enfrentadas. Así lo hicimos y así quedó plasmado en la Constitución de 1978. Personalidades relevantes que habían pertenecido a los dos bandos de la guerra civil, con el inequívoco apoyo de una gran mayoría social, concordaron entonces el camino hacia una España democrática e integrada en un nuevo proyecto de Europa, que también influyó decisivamente en aquel trance".