Un documento incautado en los registros previos al referéndum del 1-O reconoce que Cataluña podría tener dificultades para pagar las nóminas de declararse la independencia, se vería obligada a retrasar los pagos a proveedores e intentaría buscar un sistema para trasladar las cuentas a París. Así aparece reflejado en un documento que fue intervenido por la Guardia Civil en el registro del despacho del secretario de la Hacienda Catalana, Josep Lluís Salvadó, el pasado 20 de septiembre.
Este documento de dos hojas manuscritas, cuya autoría y fecha de elaboración se desconoce, hace referencia a medidas económicas en caso de una declaración de independencia y en dos escenarios que denominan de "guerra" uno y de "guerrilla" otro. De acuerdo con esos documentos, en el escenario de "guerra" consideran que el Tribunal Constitucional (TC) actuaría contra los máximos responsables de las instituciones catalanas y que el Estado asumiría el control de la autonomía, cortando el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Y en ese escenario, habría que analizar si se puede afrontar "el primer pago de las nóminas", dice el documento, que añade que la Generalitat tendría que activar en octubre "el cobro de los tributos" (impuestos y cotizaciones) del sector público, que cifra en 4.500 millones de euros.
Asimismo, tendría que activarse el plan de ajuste de gastos del gobierno catalán y atrasarse los pagos a proveedores. Como financiación alternativa, en noviembre se cobrarían impuestos a todas las empresas con capacidad operativa en la Agencia Tributaria Catalana (ATC) y se emitirían "bonos patrióticos y otros". También, se buscaría un sistema para trasladar cuentas a París y no se pagaría al Estado ni amortizaciones ni gastos financieros "derivados del FLA y otras deudas".
El documento reconoce que el Estado tiene capacidad para cortar el FLA, por ser "un financiamiento discrecional", una decisión que podría justificar el Gobierno central incluso en foros internacionales en que los soberanistas habían empleado esos recursos para financiar y realizar el referéndum. Dentro del escenario que califican de "guerrilla", el documento fecha en julio de 2018 el punto "crítico" en el que se encontrarían las finanzas catalanas.
