Mariano Rajoy acababa de conseguir el apoyo del PNV para los presupuestos, lo que despejaba el calendario político para el Gobierno. Pero la reacción de los partidos ante la sentencia del caso Gürtel pudo en bandeja la moción de censura. La postura de Ciudadanos y los movimientos de Podemos, dejaron a Pedro Sánchez en el centro de un escenario que no había imaginado. Hace dos años, a dos días para la moción Sánchez seguía haciendo cuentas para sumar los apoyos necesarios, porque aún, al menos oficialmente, no contaba con los 176 votos necesarios. Se sucedían las reuniones entre los socialistas y otros partidos -algunas en el Congreso, otras lejos de los focos- mientras el líder socialista ofrecía públicamente consensuar con el resto de grupos una fecha para celebrar elecciones generales. También se intensificaban los mensajes: Sánchez avisaba al resto de la oposición de que "no había cálculo político" que justificara su negativa a echar a Rajoy. Podemos ayudaba con más presión, cuando su líder, Pablo Iglesias, anunciaba su intención de presentar otra moción de censura si Sánchez fracasaba en su intento.
Llegó el debate de la moción de censura, y Pedro Sánchez la defendió ante el pleno del Congreso con un primer mensaje dirigido a Rajoy: "Dimita ahora y todo terminará", mientras insistía en que su iniciativa era necesaria por "higiene democrática". "Esta moción ha llegado al asalto, con nocturnidad y alevosía", dijo, por su parte, Rajoy, quien acusó a Sánchez de oportunista y defendió la honradez de los 'populares' a pesar de la sentencia que les había llevado hasta ese momento. El debate se interrumpió a mediodía y Rajoy se fue a comer con los suyos. Ya no volvió al Congreso aquella tarde en la que recibió la dramática llamada del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que le anunciaba el apoyo del PNV a la moción. Ni siquiera regresó para decir que no pensaba dimitir, le dejó ese mensaje a su secretaria general, María Dolores de Cospedal. El escaño vacío de Rajoy, ocupado por el bolso de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, fue la imagen del principio del fin. Como lo fue también la salida del presidente, ya de noche, del restaurante al que fue a comer y en el que se refugió durante horas tras conocer su caída.
El 1 de junio Rajoy se despedía con esta frase: "Suerte a todos ustedes por el bien de España", Se abría entonces un nuevo ciclo político en el que ha pasado de todo.
Un Gobierno imposible
Pedro Sánchez se olvidó pronto de la idea de convocar elecciones e intentó gobernar con el grupo parlamentario más exiguo que ha apoyado a un Gobierno. Con la ayuda de y los partidos independentistas, su Gobierno fue el más breve de la democracia. Después de todo lo que se habían dicho entre Sánchez y Torra firmaron la llamada Declaración de Pedralbes, que reconocía la existencia de un «conflicto político» en Cataluña y la necesidad de una «respuesta democrática en el marco de la seguridad jurídica». Pero ERC y el PDC no votaron los presupuestos y forzaron a Sánchez a convocar elecciones.
El experimento del Gobierno de coalición
La relación imposible entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias dio sin embargo lugar a algunos acuerdos, sacando adelante una subida del salario mínimo interprofesional y la cinematográfica exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Las nuevas elecciones, PSOE con 123 diputados y Unidos Podemos con 42 escaños, trajo el descartado antes Gobierno de coalición. Un doble experimento: no se había formado uno nunca en la España reciente y tampoco había gobernado el PSOE con partidos a su izquierda. A pesar de todas las prevenciones y cautelas, los problemas entre los dos partidos y sus ministros se han sucedido, hasta casi hacer realidad aquella afirmación de Sánchez de que no dormiría tranquilo con ministros de Unidas Podemos en su Gobierno.
El Gobierno aprobó el incremento de las pensiones de acuerdo al IPC, el alza de los sueldos para los funcionarios públicos y una nueva subida del salario mínimo interprofesional pactada con la patronal. A partir de ahí, el objetivo fue forjar una mayoría estable con el PNV y los independentistas catalanes capaz de aprobar unos nuevos Presupuestos del Estado. El acercamiento entre el Gobierno de coalición y ERC llevó a que el 26 de febrero Sánchez y Torra se reunieran en la Moncloa para poner en marcha la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat. Todo parecía encarrilado, pero la llegada de la crisis del covid-19 trastocó todos los planes.
Un país confinado
Desde mediados de marzo, tras las manifestaciones del 8M, el Gobierno decidió declarar el estado de alarma, una experiencia única de asunción de competencias de manera excepcional y de confinamiento de todo el país. La actividad gubernamental ha sido en exclusiva intentar que la pandemia no se extendiera más: gabinetes extraordinarios, comités técnicos, control de fronteras y de toda la actividad no esencial... en medio de discusiones sobre el abandono de las residencias de ancianos, la falta de material sanitario y de medios para afrontar la avalancha de contagiados, una agenda "de guerra" no ha evitado el gran número de fallecidos -un número todavía en discursión- el colapso prácticamente de la actividad económica. El Gobierno solo ha conseguido sacar adelante el Ingreso Mínimo Vital de su agenda social, y con nuevas discrepancias y tiras y aflojas entre los ministros socialistas y Pablo Iglesias.
Cuando JxCat y ERC pasaron de la abstención al voto en contra de las prórrogas del estado de alarma, el Gobierno de Sánchez tuvo que buscar mayorías alternativas, en un ejercicio de geometría variable en el Parlamento, y ha logrado el apoyo de Ciudadanos, en pleno giro de discurso desde la llegada de Inés Arrimadas al liderazgo tras la dimisión de Albert Rivera. Ese movimiento no gustó a ERC, que amenaza con tumbar al Gobierno si sigue pactando con Cs y no recupera la mesa de negociación. Eso precisamente es lo pactado para conseguir su apoyo al que se espera sea último estado de alarma.
Lo que no ha cambiado: los presupuestos
Sánchez no ha podido en su primera etapa de Gobierno en solitario, ni en esta segunda ya en coalición con Unidas Podemos, aprobar unos Presupuestos del Estado. Siguen vigentes los que elaboró el ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro. La pandemia de coronavirus ha dejado obsoletos todos los cálculos hechos por el ejecutivo para unas nuevas cuentas públicas y sin tiempo para intentar aprobarlos este año. Ya se piensa en intentarlo para el siguiente.
Tampoco ha cambiado sustancialmente la reforma laboral del PP, salvo algunos aspectos. Precisamente esa ha sido una de las últimas polémicas, por pactar la anterior prórroga del estado de alarma con Bildu a cambio de comprometerse a derogarla de "forma íntegra" de forma urgente. Un acuerdo muy criticado y además de imposible cumplimiento en este periodo de sesiones.
