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EL PANORAMA POLÍTICO, LLENO DE INCÓGNITAS
Dos fechas clave en el calendario: el 20 de diciembre y el 9 de enero
El desafío planteado por el Parlamento de Cataluña ha tenido la correspondiente respuesta del Gobierno de España. Estamos en un momento en el que cualquier acción provoca la correspondiente reacción. El panorama político español se presenta lleno de incógnitas.
Después de lo que ha ocurrido estos días, el calendario político inmediato es el siguiente. En las próximas horas, el Tribunal Constitucional admitirá a trámite el recurso del Gobierno y, como consecuencia, la resolución independentista quedará sin efecto en ese mismo momento. Este jueves se realizará la segunda votación de investidura en el Parlamento de Cataluña. Si la CUP mantiene su compromiso, Artur Mas volverá a perder. Pero no sabemos si la decisión tomada este martes por el Gobierno hará que la CUP cambie de criterio.
Una fecha segura es la de las elecciones generales del 20 de diciembre. Y otra es el 9 de enero, que es la fecha límite para la investidura del presidente de la Generalitat. De no haber presidente para entonces, se convocarán nuevas elecciones catalanas de forma automática.
Hay un detalle muy importante. El gobierno ha señalado a 21 personas que, si el Constitucional lo decide, serán advertidas sobre una posible suspensión en sus funciones. De las 21 personas, veinte son políticos. Pero hay un funcionario: el secretario general del Parlamento de Cataluña. ¿Desobedecerán los funcionarios? De momento, los Mossos d'Esquadra , los policías catalanes, han dicho ya que cumplirán las leyes.
El recurso del Gobierno también señala a un funcionario como responsable. Es el Secretario general del Parlament. En el mismo momento en el que el escrito se admita a trámite y se suspenda la resolución de independencia, de no acatarlo, podría incurrir en un delito de desobediencia y sería suspendido de sus funciones.
No es la única vía jurídica, ni el único señalado. La Fiscalía pone el foco sobre cualquier autoridad, funcionario o persona - que no sea aforado- ya que los diputados responderían ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
La Fiscalía da instrucciones precisas. Pide a la Policía y los Mossos que denuncien cualquier tipo de acto que se salte la posible suspensión del Tribunal Constitucional.
Quienes pretendan seguir adelante con el proceso independentista, una vez suspendido, no solo podrían enfrentarse a un posible delito de desobediencia, sino también, de sedición, prevaricación, usurpación de funciones o uso indebido de fondos públicos. Infracciones - algunas- que podrían suponer penas incluso de hasta 25 años de cárcel.
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