Un edil del PP condenado a pagar 8.000 € a una dirigente del PSOE por llamarla "puta barata podemita"

Un juzgado de Daimiel (Ciudad Real) ha condenado al primer edil de Villares del Saz (Cuenca), José Luis Valladolid (PP), a indemnizar con 8.000 euros a la vicesecretaria general del PSOE castellanomanchego, Cristina Maestre, por llamarla "puta barata podemita" en las redes sociales.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe y que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real, estima íntegramente la demanda interpuesta por Maestre y, además de determinar que debe indemnizarla con 8.000 euros por atentar contra su honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, también condena al acusado a que costee la publicación del fallo como un anuncio en dos diarios de tirada nacional.

Los hechos en cuestión ocurrieron el 18 de julio de 2015, cuando Valladolid comentó en el muro de Facebook de un medio de comunicación digital la noticia titulada "El PSOE pide al PP que deje trabajar al Gobierno tras cuatro años de destrucción masiva con Cospedal", que incluía declaraciones de Maestre, que también es portavoz del PSOE en la región.

Como comentario a esta noticia, Valladolid escribió: "Qué dice esta puta barata podemita hipócritas. Lo que pasa es que llevabais cuatro años sin robar y sin colocar a dedo". En la sentencia, se considera que no se puede cuestionar que Valladolid fue el autor del comentario y añade que se trata de una "ofensa notoriamente innecesaria al fin perseguido", con un lenguaje que, según el fallo, no puede justificarse en la polémica política ni en su desacuerdo con la información publicada.

Tampoco se puede estimar que el demandado tiene escasa formación y, al contrario, señala que no es "un particular anónimo", sino el alcalde de un pueblo. Del mismo modo, rechaza que se pueda considerar que la expresión no iba referida a nadie en concreto, pues apunta que se utiliza la frase "lleváis cuatro años sin robar" y que, además, el demandado pidió disculpas públicamente e incluso se inició un expediente disciplinario en contra de Valladolid por parte del Comité de Derechos y Garantías del PP.