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300 PERSONAS IMPUTADAS

El caso de los ERE de Andalucía, una macrocausa de cinco años de investigación sobre 850 millones de dinero público

Muchos lo consideran el mayor caso de corrupción institucional que ha habido nunca en nuestro país. La investigación comenzó hace cinco años con una juez que todos terminamos conociendo bien: Mercedes Alaya. Entre los imputados están expresidentes y exconsejeros andaluces.

Cinco años investigando dónde han ido a parar 850 millones de euros de dinero público, y por culpa de quién. La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE, y 10 años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por prevaricación.

La acusación de la Fiscalía en el caso de los ERE, que empezó a instruir en 2011 la juez Mercedes Alaya, afecta a 26 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, a los que acusa de un delito continuado de prevaricación, y a 18 de ellos además les imputa malversación continuada. Para doce de estos encausados, la Fiscalía pide ocho años de prisión y para el resto seis años de cárcel.

La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, del que acusa a Chaves -presidente entre los años 1990 y 2009-, a Griñán, y a los exconsejeros Viera, Fernández, Vallejo, Martínez Aguayo, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez. Los autores de la malversación responderán solidariamente de la devolución de la Hacienda pública del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden a 741.616.545 euros, según la Fiscalía. De estos créditos, la Fiscalía considera que Griñán, que fue presidente andaluz entre 2009 y 2013, debe responder por los concedidos entre 2005 y 2010, que suman casi 484 millones de euros.

Según la Fiscalía, debido a la ausencia de fiscalización de los fondos y la debida convocatoria pública de estas ayudas, se pusieron "en manos de la Consejería de Empleo, año tras año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno". La Fiscalía explica que los reparos de la Intervención desde el año 2000 en la gestión de las ayudas sociolaborales de la Junta retrasó y cuestionó su pago, "lo que suponía un aumento de la conflictividad sociolaboral" en Andalucía.

Desde entonces, la complejidad y lentitud de la investigación, la apertura de numerosas ramas parealelas y los bandazos que ha dado el caso, con distintos instructores han hecho tardar las conclusiones de este caso, que ahora si parece que por fin, afronta su recta final.

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