El Consejo de Ministros aprueba un paquete de medidas contra la pobreza energética: amplía el bono social ante la subida de la luz

El Gobierno ha aprobado un real decreto-ley de medidas urgentes en el que suspende los impuestos a la electricidad y amplía la cobertura del bono social, con la creación, además, de un bono para la calefacción, para reducir el importe de la factura de la luz a los consumidores. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha presentado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este real decreto-ley, que suspende por un período de seis meses el impuesto a la generación eléctrica del 7 % e introduce una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el conocido como "céntimo verde" en la generación eléctrica.

Esta última medida persigue que, cuando tecnologías como el gas marquen los precios en el mercado mayorista, el citado gravamen, creado para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a los hidrocarburos, no tenga una repercusión que incremente los precios de la luz. Ribera ha estimado que estas dos medidas sobre la fiscalidad de la electricidad rebajarán en torno a un 4 % la factura para un consumidor doméstico, y ha insistido en que son medidas temporales que se aplicarán sólo durante seis meses -coincidiendo con los meses de mayor demanda-, tiempo en el que el Gobierno irá trabajando en medidas de reforma del mercado eléctrico y en la revisión de la fiscalidad que se aplica a la energía.

El Gobierno tiene previsto compensar la posible reducción de ingresos que provocará la suspensión de esos impuestos con la transferencia de más recursos procedentes de las subastas de derechos de emisiones, hasta ahora limitada a un máximo de 450 millones al año, e, incluso, utilizar el superávit acumulado del sector eléctrico para cubrir los desajustes de ingresos y gastos que surjan en 2018 y 2019.

La norma incluye también la reforma del actual bono social eléctrico, con la elevación en un 15 % del límite de consumo al que se pueden aplicar los descuentos del 25 % y el 40 % en la factura de la luz, y del nivel de renta que se exige a las familias monoparentales para poder acceder al mismo. También establece que no se podrá cortar el suministro eléctrico por impago a familias donde haya al menos un menor de 16 años o personas con discapacidad o dependencia reconocida, y amplía hasta el 31 de diciembre el plazo para que los usuarios del antiguo bono social soliciten pasar al nuevo, que a pocos días de que finalice el plazo fijado para el 8 de octubre sólo lo tienen activos 746.316 beneficiarios.

La ministra ha dicho que el real decreto-ley establece que en la estrategia nacional contra la pobreza energética la renta tiene que ser un elemento determinante, también para las familias numerosas, a las que actualmente no se les exige un límite de renta para ser consideradas consumidores vulnerables y disfrutar de un descuento del 25 % en la factura de la luz, aunque sí para ser consideradas vulnerables severas y acceder al del 40 %.

Además, el Gobierno crea un bono social térmico para pagar gastos de calefacción, agua caliente y cocina, que se abonará a los beneficiarios del bono social eléctrico y que será una ayuda directa con cargo a los Presupuestos del Estado, a diferencia del eléctrico en el que los descuentos corren a cargo de las comercializadoras de luz. La cuantía de este bono térmico estará en función del grado de vulnerabilidad del consumidor y de la zona climática en que esté la localidad de residencia del beneficiario.

Con todas estas medidas, el Gobierno pretende aliviar el impacto de la subida de los precios de la electricidad en el mercado mayorista en la factura de los consumidores, que en septiembre se encareció un 14,1 % respecto a un año antes y que, según las previsiones, podría subir a finales de 2018 un 3,6 % respecto al año anterior. El real decreto-ley también incluye la eliminación de cargos al autoconsumo -el conocido como 'impuesto al sol'- y la eliminación de trabas para su desarrollo. "Por fin, este país se libra del gran absurdo del que se ha mofado la mayor parte de los observadores internacionales, que es el impuesto al sol", ha dicho Ribera.

Las medidas aprobadas por el Gobierno han sido criticadas por el PP, cuyo portavoz adjunto en el Congreso Guillermo Mariscal, ha lamentado el carácter provisional de las mismas, mientras que Podemos ha considerado "tímidos" los avances en el bono social y ha urgido al Gobierno a reducir la factura de la luz "tocando los beneficios" de las empresas eléctricas. UGT también ha calificado de "parches" los cambios introducidos en el bono social eléctrico, que, además, considera añaden más confusión al crear uno específico térmico.

Foto oficial con la nueva ministra Carcedo

Este Consejo de Ministros ha sido primera reunión en el Palacio de la Moncloa con todos sus miembros desde el relevo de Carmen Montón por María Luisa Carcedo al frente de Sanidad.

Debido a que es la primera vez que coinciden todos ellos en Moncloa, antes del inicio de la sesión han posado para la tradicional foto de familia del Ejecutivo.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido la instantánea, tras ausentarse la semana pasada debido a su viaje a Estados Unidos, y es previsible que se analice la situación en Cataluña y el ultimátum del presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que en noviembre haga una propuesta sobre un referéndum de autodeterminación o le retirará su apoyo en el Congreso. Un ultimátum ante el que el Gobierno ya ha respondido que no acepta ningún tipo de "chantaje".

Entre los asuntos incluidos en la agenda de la reunión está el real decreto con medidas contra la pobreza energética y que aliviará los efectos que está teniendo en la factura de la luz la subida de los precios en el mercado mayorista. Entre ellas está la suspensión del impuesto a la generación eléctrica, que se carga en la factura de la luz, y que pasará de un 7% a prácticamente cero.

En la reunión de se ha aprobado también la celebración en Sevilla de la cita del Consejo de Ministros del viernes 26 de octubre. Sánchez ya anunció el pasado 27 de agosto en Santiago de Chile que antes de que acabase el año convocaría dos reuniones del Consejo fuera de Madrid, una de ellas en Barcelona y otra en Andalucía.