El Consejo de Ministros podría decidir este viernes la fecha en la que se producirá la exhumación de Franco después de que en las últimas horas el Tribunal Supremo haya despejado las últimas dudas legales.
La intención del Ejecutivo es hacerlo cuanto antes aunque la familia del dictador sigue intentando frenar el traslado.
La familia de Francisco Franco presentó este jueves un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que paralice la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos, ante la inminente decisión del Gobierno de España para trasladarlo al cementario de El Pardo-Mingorrubio.
En un escrito, el abogado de la familia Franco solicita "la adopción de una medida cautelarísima" para que suspenda el permiso del Tribunal Supremo a la exhumación, "dado que la inmediata ejecución causaría un daño irreparable" a la familia.
Aduce que "comportaría un muy grave trastorno" y, por ello, "solicita con carácter urgente" que el Tribunal Constitucional dé la orden de paralizar la exhumación "dada la intención manifestada por el Gobierno de proceder de forma inmediata".
El letrado Luis Felipe Utrera-Molina basa su alegato en el auto de 4 de junio de 2019 del Tribunal Supremo que suspendió los acuerdos del Gobierno para llevar a cabo la exhumación, a pesar de que el propio Tribunal Supremo despejó la semana pasada todos los obstáculos al rechazar los argumentos de la familia y avalar el largo procedimiento administrativo liderado desde La Moncloa por la vicepresidenta, Carmen Calvo.
La familia reclama al Tribunal Constitucional que estudie con rapidez el recurso y, si lo admite a trámite, proceda de inmediato a la "suspensión cautelar de los acuerdos del Consejo de Ministros" que permiten llevar a cabo la exhumación.
También que suspenda la reciente sentencia del Tribunal Supremo, pues insiste en que "vulnera los derechos fundamentales" de los herederos de Franco.
Entre los argumentos para solicitar amparo al TC, destaca que la decisión adoptada por el Gobierno afecta exclusivamente a Franco y deja al margen a "las restantes 192 personas que se encuentran en la misma situación" en el Valle de los Caídos.
A su juicio, esto supone que la disposición del Consejo de Ministros fue "de carácter singular o de caso único" y eso incurre en un "vicio de inconstitucionalidad, al infringir el principio de igualdad ante la ley reconocido en el artículo 14 de la Constitución".
Como ya planteó en su recurso ante el Supremo, la familia insiste en que rechazar sus deseos de llevar los restos a la sepultura de su propiedad en la Cripta de la Catedral de la Almudena "vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar consagrado en el artículo 18.1 de la Constitución Española".
Asimismo, ha presentado un escrito ante el Consejo de Ministros "dando cuenta de la presentación del recurso de amparo" ante el Tribunal Constitucional para que el Gobierno sea consciente antes de dar la orden de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Solicita que se respete "el derecho a la tutela judicial efectiva" que asiste a la familia, "se abstenga de realizar actuación alguna tendente a la ejecución del referido acuerdo de exhumación" y que no adopte "ninguna decisión relativa" sobre los restos de Franco "hasta tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto y sobre las medidas cautelarísimas solicitadas".
