El tribunal de garantías ha rechazado por unanimidad los recursos presentados por algunos de los procesados y también el planteado por un grupo de particulares, encabezado por el escritor Jaume Cabré Fabré.
El pleno del TC aún no ha decidido sobre si es o no constitucional esta medida, si bien rechaza suspender cautelarmente la decisión del Supremo, como así solicitaba el recurso de un grupo de particulares, encabezado por el escritor Jaume Cabré.
En concreto, recurrieron el auto del instructor del caso del "procés", Pablo Llarena, que decretó la suspensión de cargo público de los siete líderes independentistas y también el de la conocida como Sala de Apelaciones del Supremo que lo confirmó.
Los recurrentes solicitaban al TC que suspendiese dichas resoluciones y autorizase a los líderes independentistas a participar en las sesiones del Parlamento de Cataluña, es decir, que pudiesen ejercer su función parlamentaria en tanto que se resolvía sobre el fondo del asunto.
Pero el TC sostiene que todavía "no puede efectuarse el análisis de la cuestión de fondo" ni cuestionar "las bases fácticas que la sustentan".
Es decir, que no es el momento procesal para decidir al respecto pues acceder a la suspensión de las resoluciones del Supremo "equivaldría a anticipar un eventual fallo estimatorio del recurso de amparo", esto es, entrar en el fondo sobre si es o no constitucional la suspensión temporal de los siete procesados.
Además, acceder a esta medida "no sólo acarrearía una perturbación de la función jurisdiccional", sino que "implicaría una significativa perturbación e interferencia adicional en el plano de la voluntad del legislador", pues "equivaldría a una suspensión provisional de los efectos automáticos de un precepto legal".
Llarena, avalado después por la Sala de Apelaciones, decretó la suspensión de los siete líderes independentistas en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Dicho artículo prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado "con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", el procesado que ostente un cargo público quedará "automáticamente suspendido" en su ejercicio mientras dure la situación de prisión.
Además de a Puigdemont y a Junqueras, la medida afecta a Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Jordi Sànchez
