El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la prórroga de varias medidas que fueron aprobadas durante la pandemia de coronavirus, con el objetivo de ayudar a las familias más vulnerables. Se trata de la moratoria de hipotecas y alquileres y las garantías de protección por impago de suministros básicos.
El videpresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha señalado en la rueda de prensa que el "Gobierno ha construido un escudo social seguramente mejorable pero sin precedentes en este país". "Las medidas que aprobamos hoy no solo responden a criterios de justicia social sino a una necesidad de eficacia económica", ha apuntado.
El Gobierno ha aprobado medidas para "proteger a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad". Se trata de una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento, de modo que se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre. También hasta el 30 de septiembre, se dará luz verde al aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta para el caso de grandes tenedores de vivienda o empresas públicas.
Se ha aprobado también una ampliación del plazo de solicitud de la moratoria de deuda hipotecaria, de forma que se se pueda "hasta el 30 de septiembre y tendrá duración de tres meses", ha anunciado Iglesias. "La paralización de los desahucios va a estar vigente hasta el 2 de octubre", ha apuntado.
El Gobierno ha aprobado además una prórroga del periodo de percepción del bono social y la garantía del suministro de energía eléctrica, gas y agua para "garantizar el acceso a los suministros básicos".
Reforma civil que deja atrás la incapacitación como estado civil
El Consejo de Ministros aprobado un proyecto de Ley de reforma del Código Civil que supone dejar atrás la incapacitación entendida como un estado civil. A través de este proyecto de ley se introducen cambios en la regulación de las instituciones de guarda y protección de las personas con discapacidad.
Según ha anunciado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se trata de "un cambio legislativo de enorme calado para garantizar tanto el respeto a la voluntad como las preferencias de las personas con discapacidad".
Cesión de suelo público a coste cero para que empresas privadas que construyan vivienda social
El Consejo de Ministros ha aprobado que la Sociedad Estatal de Suelo (Sepes) pueda ceder suelo público a empresas privadas para construir vivienda social. El ministro de Transportes, Movilidad y agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha explicado que dicha medida forma parte del real decreto ley con ayudas para el transporte y la vivienda.
De esta forma, se abre la posibilidad de fijar un canon que permita el uso del derecho de superficie del suelo público para la construcción de vivienda social a través de la colaboración público-privada. Así, el Estado aportará a través de Sepes este suelo público por un periodo que puede llegar a alcanzar los 75 años y las empresas privadas licitarán por su uso.
Por su parte, las empresas deberán construir viviendas para alquiler social y se deberán encargar también de su gestión. Ábalos considera que esta medida ayuda a "dinamizar la economía" y se va a "generar la expectativa de que el inversor esté comprometido con el derecho básico a la vivienda para ir generando un parque de vivienda pública que no tenemos en el país y que incluso ha ido a menos".
