El Gobierno en funciones aprobó la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y de las entidades locales en 2019, que permitirá transmitir a las autonomías alrededor de 4.682 millones de euros para hacer frente a la ejecución de sus presupuestos, y 821 en el caso de las entidades locales. Así lo anunció la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que destacó que la decisión supone un “hito” al ser la primera vez que las entregas a cuenta se actualizan con un Gobierno en funciones y con los Presupuestos prorrogados. Rechaza así las dudas iniciales de la propia Abogacía del Estado y las críticas de la oposición, por entender que es una medida electoralista.
Cambio de opinión
La ministra indicó que la medida refuerza el papel político y económico de las comunidades autónomas, al dejar de estar supeditadas a que haya un Gobierno central con plena capacidad o unos Presupuestos Generales del Estado aprobados. Esta decisión contrasta con lo defendido por Hacienda a finales de agosto, cuando señaló que un informe de la Abogacía del Estado dictaba que un Gobierno en funciones no puede actualizar las entregas a cuenta. Para ello, la Abogacía del Estado argumentaba, por un lado, que la actualización de las entregas a cuenta se realiza en base a las previsiones de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado, habiendo sido rechazado el proyecto del Ejecutivo de Pedro Sánchez para 2019 y estar prorrogadas las cuentas de 2018. Además, el criterio expresado entonces por la Abogacía del Estado añadía que, al margen de que un Gobierno en funciones no pueda aprobar unos Presupuestos, tampoco puede ejecutar medidas que supongan nuevas directrices u orientaciones políticas, y que, por tanto, la actualización de las entregas a cuenta excede a las competencias de un gobierno interino. Sobre este punto, Montero explicó ahora que se entendía que, al estar todavía en periodo de negociaciones para la formación de un Gobierno, una actuación del Ejecutivo en funciones podría afectar a la actuación de dicho Ejecutivo, pero que, al estar ya agotada la legislatura y estar convocadas elecciones para el 10 de noviembre, la actualización de las entregas ya no afectará. Concretamente, Montero apuntó que la formación del nuevo Gobierno tras el 10-N no se producirá en menos de 40 días, por lo que el nuevo gabinete ya no podría tomar decisiones sobre las cuentas de 2019.
Las entregas a cuenta son los recursos que el Gobierno central debe transferir cada año a las comunidades autónomas en base a las previsiones de ingresos incluidas en los Presupuestos Generales del Estado. Según lo explicado por Montero en los últimos meses, de no actualizarlas, las comunidades autónomas se habrían encontrado en diciembre con problemas de tesorería para pagar sus gastos, ya que los gobiernos autonómicos elaboraron sus presupuestos contando con la actualización y, con ello, con más recursos de los que en realidad iban a recibir.
