El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Ley de Memoria Democrática y exhumará del Valle de los Caídos al fundador de la Falange, Primo de Rivera, en el marco de esta nueva ley, ya que el proyecto impide que pueda haber enterramientos en lugares preeminentes de la Basílica del Valle de los Caídos. Aun así, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que cuando se realice su traslado el Gobierno procurará hacerlo "de manera pactada" con los familiares.
Además, manifiestan que esta nueva norma sitúa a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura como eje de la "acción política" del Gobierno y, según Bolaños, homologa la legislación española al del resto de países europeos.
Bolaños destaca que la nueva ley cumple con los cuatro principios fundamentales que postulan los organismos internacionales en materia de memoria histórica: verdad, justicia, reparación y deber de memoria.
Medidas más significativas de la nueva ley
Entre las medidas de esta ley, el ministro ha citado algunas de las más significativas, como la obligación del Estado de acometer las labores para la recuperación de los restos de los desaparecidos, la exhumación de Primo de Rivera, la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos o la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo.
"Resignificación" del Valle de los Caídos
En cuanto a la pregunta, ¿en qué consistirá el proceso de "resignificación" del Valle de los Caídos?, el ministro no ha querido aventurarse, a la espera del proyecto que se haga con el marco legal que se activará al amparo de la ley.
Sin embargo, sí ha asegurado que si la Ley de Memoria Democrática no entra en la reparación o compensación económica a las víctimas de la dictadura y a quienes sufrieron pérdidas patrimoniales es porque a lo largo de la democracia se han abordado compensaciones a más de 600.000 personas por valor de 21.600 millones de euros.
Disolución de la Fundación Francisco Franco
Sobre la posible disolución de la Fundación Francisco Franco como entidad dedicada a la apología del franquismo, Bolaños ha afirmado que no será "inmediata" y ha señalado que el procedimiento, seguramente, acabará en los tribunales.