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HA INTENTADO EVITAR EL JUICIO ALEGANDO PROBLEMAS DE SALUD
El histórico sindicalista de la UGT, Fernández Villa, juzgado por apropiarse de fondos del SOMA
José Ángel Fernández Villa, el histórico sindicalista de la UGT, se enfrenta a seis años de cárcel por llevarse dinero del sindicato. Este miércoles ha llegado muy desmejorado a la Audiencia de Oviedo. El que fuera la cara más visible del sindicalismo minero asturiano durante 35 años ha intentado esquivar el juicio alegando problemas de salud pero los forenses dicen que "está en condiciones de declarar".
El ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa ha llegado a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo para enfrentarse al juicio por un presunto delito de apropiación indebida de fondos del sindicato, por el que la Fiscalía pide una pena de cinco años de cárcel.
Fernández Villa ha llegado poco antes de las 10:00 horas en taxi, acompañado de su mujer, quien le ha ayudado a recorrer los escasos metros hasta el edificio judicial por su dificultad para andar.
Tras ser recibido por su procuradora, el histórico dirigente sindical ha entrado en la Audiencia sin hacer declaraciones.
Antes que Villa ha llegado a la Audiencia el otro acusado en el proceso judicial, el exgerente de la fundación Infide, dependiente del sindicato minero, Pedro Castillejo, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y medio de prisión. "No es el momento ni el lugar" para hablar, ha dicho Castillejo a su llegada a la sede judicial.
La acusación particular ejercida por el sindicato eleva su petición a seis años de cárcel para Fernández Villa y a cinco para Castillejo.
En octubre de 2014 se conoció que Fernández Villa se había acogido dos años antes, de forma paralela a las últimas movilizaciones del sector minero que lideró, a la amnistía fiscal para regularizar 1,4 millones de euros, lo que llevó a su expulsión del SOMA-UGT y del PSOE, partido en el había sido diputado regional, senador y miembro varios años de sus ejecutivas federal y autonómica.
Tras conocerse estos hechos, el sindicato minero presentó una querella contra su ex secretario general que derivó en la apertura de juicio oral con la imposición de una fianza por el juzgado instructor de 434.000 euros, ampliada después a 579.000 euros.
Según el fiscal, el acusado ejercía una "posición de dominio absoluto" en la organización donde tomaba todas las decisiones, incluida la de crear la Fundación Infide y la de poner a Castillejo al frente, e ideó un plan para desviar los fondos del sindicato a su patrimonio personal" que entre 1989 y 2010 le reportó 434.158 euros.
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