El inspector jefe en la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF), Manuel Morocho, responsable policial del caso Gürtel, ha lamentado las presiones y querellas con las que se trató de "desestabilizar" esta instrucción y ha reconocido que echa en falta la creación de "un organismo central de lucha contra la corrupción" que permita ganar en eficacia en las investigaciones judiciales.
En su comparecencia este martes en la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular, Morocho ha recordado descontentos con la investigación desarrollada por la UDEF en el marco del caso Gürtel.
Según este inspector de la Policía condecorado por Gobiernos del PSOE y del PP y formado en el FBI, España debería hacer caso a las recomendaciones de instituciones internacionales y crear una oficina central que "aglutine a diferentes agencias" para dar soporte a los órganos judiciales, ganando en eficacia con la reducción de plazos y la profundización en los aspectos "más complejos".
Este organismo, ha subrayado, precisaría de dotación presupuestaria, recursos humanos e "independencia en su funcionamiento". Morocho ha recordado, a preguntas de los grupos parlamentarios, que todas las denuncias que recibió de los investigados en Gürtel fueron archivadas. "El objetivo era muy claro", ha dicho, "desestabilizar la investigación".
También se ha referido a las "limitaciones" que padecen los testigos protegidos y denunciantes de casos de casos de corrupción. "Se necesita empoderar cargos como el del interventor de un ayuntamiento y establecer canales para que una conducta corrupta tenga un canal seguro de denuncia", ha sostenido.
El inspector Morocho ha explicado que no podía pronunciarse en detalle sobre cuestiones que aún no habían sido juzgadas, remitiéndose a los informes policiales en poder del tribunal que en la actualidad juzga la denominada etapa de Gürtel I (1999-2005).
Sí ha reconocido que el dinero al que se refiere los 'papeles de Bárcenas' "probablemente esté rondando" entre los 4 y 6 millones de euros, así como que en la investigación por la 'caja B' del PP aparecen "indiciariamente" anotaciones que afectan a dirigentes 'populares', entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El diputado del PP, Juan Bueno, ha reprochado a los grupos parlamentarios que trataran de utilizar el Congreso para emitir "sentencias propias de los tribunales de justicia" y PSOE, Unidos Podemos y ERC han protestado al entender que el PP estaba "amenazando" al compareciente aludiendo al Código Penal.
La comisión de investigación ha incluido también la comparecencia del ex comisario general de Policía Judicial Juan Antonio González García, ya jubilado, y que fue cesado de su puesto semanas después de que Mariano Rajoy ganara sus primeras elecciones en 2011. Tanto este antiguo mando policial como su predecesor en el uso de la palabra han negado que trabajaran para una "policía política al mando de Rubalcaba", exministro del Interior y exlíder del PSOE, recordando que ésta era una expresión habitual de Ignacio Cosidó en su etapa de diputado del PP, antes de pasar a ser director general de la Policía con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior.
González García se ha referido a la corrupción como "hechos aislados", subrayando que no es cierto que en España haya más casos que en otros países. "Además", ha señalado, "creo que se está corrigiendo la cosa". En su comparecencia ha surgido el nombre del polémico comisario José Villarejo, recientemente encarcelado por orden de la Audiencia Nacional. "Facilitó informaciones de interés en algún caso", ha asegurado, sin entrar en detalles.
