El presidente del Parlament, Roger Torrent, desoirá los avisos del Tribunal Constitucional (TC) porque en la cámara catalana "se debe poder hablar de todo" y ha tildado de "intentos de censura" las impugnaciones a resoluciones sobre monarquía o autodeterminación. Torrent ha comparecido ante los medios en el Parlament, después de que el TC haya lanzado, tras una reunión extraordinaria un nuevo aviso dirigido a él y al resto de miembros de la Mesa sobre el riesgo penal del delito de desobediencia si ignora o elude sus resoluciones, si bien ha rechazado deducir testimonio contra ellos. "En el Parlamento de Cataluña se debe poder hablar, debatir y votar de todo. Es la libertad de expresión de los diputados y se protege así también los derechos de los ciudadanos a los que representan", ha señalado Torrent, que ha asegurado que ni él ni la Mesa impedirán debatir y votar la propuesta de resolución de ERC, JxCat y la CUP sobre de respuesta a la sentencia del 'procés'.
El TC ha admitido a trámite varios incidentes de nulidad presentados por el Gobierno contra dos acuerdos de la Mesa del Parlament del 22 y 29 de octubre, relativos a una propuesta de resolución en respuesta a la sentencia del 'procés' (contra la monarquía y a favor de la autodeterminación) y al rechazo a las solicitudes de reconsideración de varios grupos de la oposición.
Los argumentos del Consejo de estado contra la política exterior de la Generalitat
El Consejo de Estado considera que el
Plan de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, que está suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional (TC), no solo
"excede con mucho" las competencias autonómicas y "perturba" el ejercicio de las "relaciones internacionales" por parte del Estado, sino que además "desoye" jurisprudencia del propio TC. Así consta en un dictamen que solicitó el Gobierno antes de llevar el Plan ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo ha planteado un conflicto positivo de competencias y el TC ha suspendido cautelarmente el Plan al admitir el conflicto a trámite, y ahora tiene un plazo de cinco meses para pronunciarse sobre el fondo del asunto. El TC ya anuló parcialmente en 2016 la Ley de Acción Exterior de la Generalitat por invadir competencias del Estado y el Consejo de Estado cree que el nuevo plan desoye expresamente esa sentencia en varios puntos concretos, uno de ellos el que apuesta por la relación con el cuerpo consular "acreditado en Cataluña". El mismo problema aprecia con el punto el relativo al Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), porque no respeta "los criterios sentados por el TC en contra de la arrogación de facultades de representación exterior". En la misma línea, opina que los antecedentes inmediatos del Plan hacen difícil verle otra pretensión que "perseguir un objetivo de autodeterminación e independencia, presentando a Cataluña como un sujeto soberano pendiente de convertirse en un Estado".
