El abogado uruguayo y supuesto testaferro de Eduardo Zaplana, Fernando Belhot, entregó un total de 2,3 millones de euros al exministro y expresident de la Generalitat Valenciana entre 2011 y 2018 (la mayor parte entre 2016 y 2017) a través de su secretaria particular o su chófer.
La declaración efectuada desde Montevideo y por videoconferencia por este letrado, que está colaborando con la Justicia española, se recoge en detalle en la parte del sumario del caso Erial, cuyo secreto ha sido levantado este martes.
Los fondos se solían entregar a su secretaria, Mitsuoko Henríquez, o "a quien supongo que era su chófer", detalla Belhot.
Los investigadores del caso Erial, en el que se encuentra investigado Zaplana, han logrado recuperar alrededor de 11 millones de euros tras su detención en mayo de 2018.
Anticorrupción sospecha que Zaplana y sus colaboradores pudieron apoderarse de unos 17 millones de euros en comisiones irregulares tras la privatización de las ITV y el plan eólico de la Comunidad Valenciana.
Más de la mitad de estos fondos, unos 5,7 millones de euros, provienen de cuentas gestionadas por Belhot en Suiza y ya se encuentran depositados en la cuenta del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia.
La declaración de Belhot se produjo el 25 de enero de 2019, apenas un mes después de que el fiscal anticorrupción Pablo Ponce, junto con personal de la Interpol, participase en unos registros en la capital uruguaya.
El letrado conoció a Zaplana en 2009, cuando éste le pidió consejo sobre una "estructura societaria en el exterior", en referencia a la firma Imison Internacional, que habían constituido unos amigos suyos, Francisco Grau y Joaquín Barceló. "Les dije que no me parecía la más adecuada para la optimización fiscal de unas rentas que supuestamente le venían a Barceló de negocios inmobiliarios, porque Luxemburgo era una jurisdicción cara, y yo entendía que Uruguay podía ser más apropiada, ya que tenía uno de los secretos bancarios más fuertes del mundo y la evasión fiscal no era delito en ese momento", explica el abogado.
Atendiendo a su consejo, se acordó que se encargase del traspaso de los activos de la citada Imison, radicada en Luxemburgo, a las firmas Disfey y Misnely en Uruguay, en un proceso en el que, según Belhot, Zaplana tuvo un "rol protagónico". "En un principio se me dijo que era Barceló quien tenía ciertos problemas fiscales por no haber declarado esos activos en España, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que el protagonista era Zaplana. Él me reconoció que sí que tenía que ver con esos activos. De forma mayoritaria o contundente le pertenecían, y los otros tenían una pequeña participación muy minoritaria", agrega.
"Zaplana me dijo que no quería aparecer como titular porque en el pasado había tenido una actividad pública muy importante, era empresario de éxito, tenía montada una consultora importante y tenía un patrimonio personal considerable", detalla Belhot.
Según asegura este abogado, su relación con Zaplana le permitió conocer a políticos "de altísimo nivel, incluso en Latinoamérica", y le "abrió las puertas de empresas que cotizan en el IBEX-35" y menciona expresamente Repsol, Acciona, ACS y Gas Natural. "Aunque le parezca mentira -explica Belhot a la juez-, durante nueve años Zaplana nunca me escribió ni un mail ni un whatsapp, era extremadamente cauteloso y sólo hablaba con él a través un número concreto o a través de su secretaria". "Yo informaba a Zaplana tres o cuatro veces por año de las gestiones", explica Belhot, quien admite que se llevaba un 0,75% del total administrado más un bonus en caso de obtener rentabilidad que negociaba directamente con el exministro. "Nunca se quedaba con papel alguno, simplemente los veía. Él quería garantizar el capital, independientemente de las inversiones, para tener disponibilidad y liquidez", añade.
Hasta la transferencia de fondos de Imison a sociedades uruguayas -un total de 7,9 millones de euros-, quien llevaba la administración fiduciaria en Luxemburgo era Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa (relacionado con los conocidos "papeles de Laos" del caso Roldán).
Según las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil, Imison recibió más de 11 millones de euros desde España y Andorra entre 2005 y 2009. Esta sociedad, radicada en Luxemburgo, nació "de forma velada" dentro de la estructura de Sedesa (de la familia Cotino), adjudicataria de uno de los lotes privatizados de las ITV valencianas, "otorgándole participación indirecta en las sociedades que gestionaban los servicios relacionados con las ITV y los parques eólicos".
"Su perfil 'offshore' le permitió disfrazar sus vínculos societarios, aprovechando la confidencialidad para ocultar a los titulares reales, de modo que fue el instrumento para el pago de las presuntas comisiones", concluye la UCO en otro de los informes que obran en el sumario.
A tenor de los indicios recopilados, los pagos efectuados por Sedesa a Imison fueron de 6,4 millones de euros. La administradora de estos fondos durante años declaró a la Justicia española que la sociedad se puso en marcha en 2001 cuando Juan Cotino, que entonces ocupaba el cargo de director general del Cuerpo Nacional de Policía, llevó en mano 600.000 euros a Luxemburgo.
