La fiscal general del Estado, María José Segarra, se ha referido de forma concreta a la situación en Cataluña durante su primer discurso formal con motivo del acto de apertura del año judicial y, en clara alusión a las pretensiones separatistas, ha afirmado que la Ley "mientras esté en vigor" vincula a todos y "no puede haber excepciones a esta regla porque lo contrario supone la quiebra misma de la propia democracia".
En presencia del Rey Felipe VI, de la cúpula fiscal y de la judicial representada por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; la práctica totalidad de miembros de este órgano y de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, entre numerosos representantes públicos, Segarra ha señalado que "las legítimas aspiraciones políticas de una parte de la sociedad -que en estos días se reivindican especialmente- deben ser encauzadas a través del ordenamiento jurídico".
También se ha referido a la labor de los fiscales en Cataluña y ha afirmado que será "especialmente firme frente a cualquier intento de condicionar, personal o profesionalmente, a quienes ejercen sus funciones en esta Comunidad"; a los que muestra un apoyo "absolutamente inequívoco".
Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha denunciado los "ataques personales" a jueces y magistrados en los últimos meses y ha garantizado que la institución que dirige seguirá defendiéndolos y velará por su independencia. En su discurso durante el acto de apertura del año judicial, Lesmes ha garantizado que el Consejo no actúa "por un mal entendido ánimo corporativo" ni quiere blindar al juez de la crítica, pero ha pedido que se analicen las decisiones judiciales "desde la honestidad que proporciona una información responsable y veraz, sin efecto moralizador alguno".
"Las visiones sesgadas o partidistas que persiguen el gratuito descrédito de la institución judicial pueden afectar a la libertad de ánimo y al sosiego con que ha de ejercerse la responsabilidad constitucional de juzgar", ha advertido. Lesmes, presidente también del Tribunal Supremo, no ha hecho referencia a jueces o ataques concretos, y se ha referido de modo genérico a decisiones judiciales que han despertado "un interés mediático sin precedentes" en los últimos meses.
Ha criticado en concreto que los ataques hayan sido en ocasiones alentados "por algunos responsables políticos, cuyos reproches resultan censurables en el marco de la normalidad y del respeto institucional". Lesmes ha recordado que el CGPJ ha actuado en defensa de los jueces -concedió amparo al juez instructor del caso del "procés", Pablo Llarena- y ha asegurado que seguirá haciéndolo "sin vacilaciones", al tiempo que ha reclamado a todas las instituciones "responsabilidad y comprensión".
El nuevo curso arranca con todas las miradas puestas en la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que encarrila el año judicial con la tarea de abordar el juicio al 'procés', una cita que marcará la agenda judicial y política de los próximos meses. Una vez rechazadas las recusaciones contra los magistrados del Supremo, la Sala que definitivamente enjuiciará a la cúpula del 'procés' deberá confirmar el cierre de la instrucción y decretar apertura de juicio oral para que, una vez las partes presenten sus escritos y alegaciones, se fije la fecha del juicio.
Todo ello transcurrirá mientras un juez belga debe decidir si admite a trámite la demanda civil que el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros interpusieron contra el instructor del procedimiento, Pablo Llarena.
Mientras que la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el entonces mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero y sus jefes políticos, el exdirector del Cuerpo Pere Soler y el exsecretario de Interior César Puig, por sedición y organización criminal, está a la espera de que se presenten los escritos de acusación y defensa y se abra juicio, si bien eso no significa que la vista se celebre pronto.
Ya fuera de este asunto, el Supremo debe decidir en las próximas semanas si abre investigación por prevaricación administrativa y cohecho impropio contra Pablo Casado ante los "indicios de criminalidad" detectados por la jueza que instruía el caso de su máster. Según la magistrada, Casado pudo ser uno de los "alumnos elegidos" a los que le regalaron el máster en el curso 2008-2009 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid debido a "su relevancia política e institucional".
