El referéndum del 1 de octubre está condicionando el panorama político español y ha afectado también a los Presupuestos Generales de 2018, la clave para que la legislatura se prolongue hasta el año 2019.
Este viernes el Gobierno tendría que haber aprobado el borrador, pero no podrá hacerlo porque el PNV dice no sentirse cómodo porque considera "frívolo pensar en presupuestos con semejante crisis de estado".
El secretario de Estado de Hacienda y mano derecha de Cristóbal Montoro, José Enrique Fernández de Moya, asegura que "el Gobierno de España y el PP llegamos a un acuerdo político con el PNV y buena prueba de ello fue la aprobación de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, a partir de aquí estamos negociando qué deben significar las cuentas públicas del año 2018 teniendo en cuenta que el Gobierno tiene minoría parlamentaria y por lo tanto hemos puesto encima de la mesa un paréntesis para llevar a cabo una negociación".
Explica que "el mandato constitucional dice que deberán ser enviados antes del 1 de octubre del siguiente ejercicio para que su entrada en vigor sea el 1 de enero de 2018, pero si no se hace, se entra en una situación de prorroga presupuestaria automática por lo que España seguiría contando con los PGE de este ejercicio".
El secretario de Estado de Hacienda critica además que "los grupos parlamentarios, empezando por el PSOE, tienen que tomar cartas en el asunto y poner encima de la mesa cuál es su opinión acerca de lo que se está jugando España de cara a los PGE de 2018".
Preguntado sobre si algunas medidas como el aumento salarial para los funcionarios y trabajadores públicos no se podría aplicar de no aprobarse los presupuestos, Fernández Moya explica que no se podría aplicar y añade que "también iríamos a la modificación que hemos anunciado sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, elevando el umbral de la renta mínima".
A la espera de que el PNV de su apoyo al Gobierno, la mejora fiscal que afecta sobre todo a las rentas más bajas no podría ponerse en marcha, así como otras medidas incluidas en los presupuestos.
"Yo estoy plenamente convencido de que habrá presupuestos para el año 2018"
Pese a la problemática, el secretario de Estado de Hacienda recuerda que "no es la primera vez que esto ocurre en la historia de España y nosotros tenemos plazo para aprobarlo, articulando una entrada del proyecto de Ley de los PGE, para que entren en vigor el próximo mes de enero" y subraya "yo estoy plenamente convencido de que habrá presupuestos para el año 2018" porque el Gobierno tiene la mano tendida al resto de grupos parlamentarios.
Sobre cuál ha sido la respuesta del PSOE a la petición de apoyo del Gobierno para aprobar los presupuestos, Fernández Moya cree que tanto los socialistas como el resto de grupos parlamentarios "tendrán que explicar por qué no quieren negociar con el Gobierno o apoyar los presupuestos en las Cortes".
En cuanto a la intervención de las cuentas de la Generalitat por parte del Gobierno, una medida que según el Govern es igual que aplicar el artículo 155 de la Constitución por la puerta de atrás, Fernández Moya matiza que "hemos decidido aplicar la ley, porque la interventora de la Generalitat de Cataluña envió una carta donde decía que dejaba de asumir la obligación remisión de información" y en consecuencia "Hacienda ya no tenía constancia de si se estaba destinando un solo euro al proceso independentista".
Fernández Moya subraya que "no es una intervención porque nosotros no asumimos las competencias de la Generalitat, establecemos un control de los pagos para garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho y las sentencias del Tribunal Constitucional, no aplicamos el artículo 155" y añade que "los acuerdos tendrán plena vigencia mientras dure la situación actual en la que ha incurrido en desacato el Govern".
Con la intervención del Gobierno se han congelado las cuentas de 360 entidades públicas catalanas, desde aeropuertos, hospitales, universidades, etc., pero también se ha bloqueado la cuenta de la coordinadora de Castellers de Cataluña, el secretario de Estado de Hacienda responde que "España es un Estado de derecho y hay que cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional y el Gobierno tiene la obligación constitucionalmente de la prestación de los servicios públicos en Cataluña".
Preguntado sobre la decisión de la Generalitat, que subraya que en caso de una hipotética república catalana independiente, España seguiría pagando cada mes las pensiones de quienes han cotizado en el país, Fernández Moya señala que "Cataluña es España y España es Cataluña y es el esfuerzo de todos los españoles lo que está permitiendo pagar las pensiones de los jubilados catalanes" además insiste en que no quiere "entrar en ningún escenario porque Cataluña es una comunidad autónoma y lo que estoy hablando es del esfuerzo de todos los españoles para preservar el Estado de bienestar".
