El Tribunal Supremo estudiará este jueves los recursos de la Fiscalía contra el régimen de tercer grado concedido a los nueve condenados a prisión por el 'procés', del que sólo disfrutan la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa al tenerlo el resto suspendido.
Fuentes jurídicas han confirmado que la Sala de lo Penal ha fijado para el próximo 26 de noviembre, a las 10:00 horas, la deliberación y resolución de los recursos que interpuso la Fiscalía contra el tercer grado y contra la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario que se concedió a los presos antes de otorgarles el régimen de semilibertad.
Recurso del fiscal
Aunque los nueve líderes independentistas condenados a penas de cárcel tienen avalado por el juzgado de vigilancia penitenciaria el tercer grado que la Generalitat les otorgó a mediados de julio, los siete que se encuentran en la cárcel de Lledoners lo tienen suspendido, a la espera de que el Supremo resuelva el recurso del fiscal.
Son el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, el expresidente de ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
No así Forcadell y Bassa, a quien el juzgado de vigilancia penitenciaria del que dependen ambas -internas en Puig de les Basses y Wad Ras- declinó, en contra del criterio del fiscal, suspender el régimen de semilibertad del que las presas siguen disfrutando y que sólo les obliga a volver al recinto penitenciario a dormir, de lunes a jueves. La Fiscalía también recurrió esta decisión al Supremo.
Los recursos del ministerio fiscal no serán los únicos que estudien los magistrados que juzgaron esta causa -a excepción de Luciano Varela, ya jubilado-, sino que encima de su mesa también están los que los presos de Lledoners interpusieron contra la suspensión de su régimen de semilibertad.
Desde que se les suspendió el tercer grado, Junqueras y los otros seis reclusos tienen sus salidas limitadas y tampoco gozan del régimen flexible del que disfrutaban en segundo grado gracias al artículo 100.2, que les permitía salir para trabajar, cuidar familiares y hacer voluntariado, y que la Fiscalía también recurrió.
De hecho, varios presentaron un escrito en el que apremiaban al tribunal resolver ya los recursos sobre su clasificación, alegando que se encuentran en una "suerte de limbo penitenciario".
