El PP, el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos presupuestaron un total de 20 millones de euros para afrontar sus gastos de la campaña que acaba de terminar y ahora, como todos los demás partidos que concurren a las elecciones generales de este domingo, deberán justificar esos gastos ante el Tribunal de Cuentas en el mes de octubre.
Tras fracasar el intento de llegar a un acuerdo para reducir los gastos de campaña en estas nuevas elecciones generales, los partidos prometieron ajustar sus respectivos presupuestos para la campaña de estas elecciones. Según los datos recabados, el PP se ha mantenido a la cabeza como el partido que más dinero ha presupuestado para la campaña, que en todo caso va a ser más barata que en diciembre.
Así, los 'populares' elaboraron un presupuesto de 8,4 millones de euros frente a los 6,3 millones que ha calculado el PSOE, los alrededor de 3 millones de Ciudadanos y los 2,2 millones que se fijó como tope de gasto Podemos.
Concluida la campaña, arranca una segunda fase y es que ahora los partidos políticos deberán presentar justificación de sus gastos e ingresos electorales ante el Tribunal de Cuentas entre los 100 y 125 días posteriores a la celebración de las elecciones; es decir, entre el 4 y el 29 de octubre.
Así consta en la instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones del 26 de junio que el Tribunal de Cuentas comunicó a las formaciones políticas indicando el procedimiento para rendir cuentas con vistas al informe que deberá hacer la institución que preside Ramón Alvarez de Miranda.
El mailing diferenciado de los demás gastos
En dicha instrucción, el tribunal explica que deberán ser los administradores generales de los partidos políticos quienes presenten una contabilidad detallada y documentada de sus ingresos y gastos electorales.
En concreto, recalca que han de consignarse aparte los gastos de propaganda y publicidad electoral, pues lo que se destina a vallas y publicidad exterior y a los anuncios en medios de comunicación no deben superar el 20% del gasto de campaña.
También van aparte los gastos originados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales, conocido como 'mailing', ya que es objeto de una subvención específica y no computa para el límite de gasto de campaña.
El informe no se espera antes de enero
Tras recibir toda la documentación justificativa por parte de los partidos, y conforme a los plazos fijados por la LOREG, el Tribunal de Cuentas contará con algo más de dos meses (hasta enero de 2017) para pronunciarse sobre esa contabilidad y proponer, en su caso, la reducción o la no adjudicación de las subvenciones que correspondían.
Entre otras cosas, el Tribunal de Cuentas debe examinar el origen de los ingresos de los partidos, asegurar que los gastos realizados en campaña son realmente electorales y vigilar que no se supera el límite de gasto establecido, que es el resultado de multiplicar por 0,37 euros el número de habitantes de las circunscripciones donde se presentan (unos 13,5 millones para quien se presente en toda España).
Eso sí, el tribunal remitirá sus resultados provisionales de la contabilidad electoral a los partidos para que éstos puedan formular alegaciones y aportar cuantos documentos estimen pertinentes. Al final, el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobará el informe definitivo que se enviará al Parlamento.
