Los ocho detenidos en la operación contra la supuesta financiación ilegal de Convergència en el caso del 3% que todavía permanecían arrestados han quedado en libertad tras haber pasado la noche en la comandancia de Tarragona, han informado fuentes cercanas al caso. Uno de los últimos detenidos que ha sido puesto en libertad a la espera de que el juez los cite a declarar ha sido el exteniente de alcalde de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives.
En la operación de ayer fueron detenidas 18 personas, diez de las cuales ya quedaron en libertad tras finalizar el registro de sus despachos profesionales, como el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y el ex gerente municipal de Barcelona y actual director de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga. De los ochos detenidos que han pasado la noche en comandancia, los últimos en quedar en libertad han sido, además de Antoni Vives, el ex director general de Infraestructuras.cat Josep Antoni Rossell, el consejero delegado de Copisa, Francesc Xavier Tauler, y el directivo de la constructora Oproler Sergio Lerma.
"Tengo una gran sensación de perplejidad. No entiendo cómo se me puede privar de libertad de esta manera. Estamos esperando a que se levante el secreto de sumario para podernos defender con tranquilidad", ha declarado Vives a los periodistas al abandonar la comandancia. "Es inevitable ver en todo esto unas coincidencias que no es necesario que me extienda para que todo el mundo las pueda ver. Es evidente", ha añadido Vives en alusión implícita a la supuesta politización de la justicia que denuncian las fuerzas independentistas en Cataluña.
"No entiendo cómo se me puede privar de libertad de esta manera"
De los ocho detenidos, cuatro han prestado declaración y otros cuatro han preferido no responder a las preguntas que les han hecho hoy en la comandancia de la Guardia Civil. Poco antes de que saliera en libertad Vives lo había hecho el tesorero de CDC, Andreu Viloca. La abogada de Viloca, Judit Gené, ha asegurado por la mañana que el tesorero de Convèrgencia se había negado a declarar ante los agentes del instituto armado, alegando que desconocía los detalles de la acusación porque el caso está en secreto de sumario.
Viloca, que ya fue detenido en esta misma causa en octubre de 2015, llegó a estar tres semanas en prisión por orden del titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), que lleva el caso del 3%, si bien pudo abandonar la cárcel cuando CDC abonó la fianza de 250.000 euros que le impuso la Audiencia de Tarragona para que quedara en libertad. La Fiscalía Anticorrupción considera que Viloca jugaba un papel clave en el control del pago de comisiones de empresas por adjudicaciones de obra pública de administraciones en poder de Convergència, en concursos que, pese a aparentar legalidad, se otorgaban previamente a medida.
La Guardia Civil también ha dejado en libertad esta tarde a Josep Maria Bassols, directivo de la constructora Oproler, y al empresario Fèlix Pasquina, después de que ambos se han negado a contestar al interrogatorio de los investigadores en la comandancia de Tarragona.
El primero de los ocho detenidos que han pasado la noche en comandancia que ha quedado en libertad ha sido el responsable jurídico de CDC, Francesc Sánchez, que ha abandonado el cuartel de la Guardia Civil poco antes de las 14.00 horas, tras negarse a declarar. "Conozco el caso muy bien porque soy el abogado de Convergència y estoy absolutamente tranquilo, sé cómo está el proceso", ha indicado Sánchez a los periodistas, ante los que se ha mostrado convencido de que, aunque le investiguen "de arriba a abajo", no van a encontrar "nada".
