Aunque el mes de enero concluyó con el escándalo de las cuentas suizas de Luis Bárcenas, los presuntos sobresueldos en el PP y la imputación de Carlos García Revenga, secretario de las Infantas, por el 'caso Nóos', otros asuntos como la investigación en la Diputación de Orense, la mafia rusa de Lloret de Mar o el 'caso Pokémon' han aumentado la lista de noticias sobre posible corrupción.
Los nuevos imputados se suman a los aproximadamente 300 cargos públicos que a finales del año pasado ya se encontraban inmersos en procesos judiciales y que afectan a todos los niveles de la administración. El último caso destapado ha sido el de la presunta red de mafia rusa que operaba en la localidad de Lloret de Mar (Girona), liderada por el empresario Andrei Petrov, y que ha salpicado al primer teniente de alcalde del municipio, Josep Valls, detenido por la Guardia Civil este martes y puesto al día siguiente en libertad imputado por prevaricación y cohecho.
El juez también ve indicios de prevaricación y cohecho en este caso del exalcalde de Lloret y diputado de CiU en el Parlamento catalán, Xavier Crespo, por su relación con la red de la mafia rusa, que habría blanqueado un total de 56 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción.
Otro de los primeros casos destapados este primer mes del año ha sido el del expresidente de la Diputación de Orense José Luis Baltar, citado a declarar como imputado por un presunto delito continuado de prevaricación en la contratación de personal.
El PSOE denuncia que hasta 115 personas fueron colocadas a dedo por Baltar en vísperas del último congreso provincial del PP, en el que resultó elegido su hijo, José Manuel Baltar Blanco.
También en Galicia, ha sido imputado el alcalde de Santiago, Angel Currás, en el marco de la Operación Pokémon, convirtiéndose en el cuarto alcalde gallego imputado en esta investigación sobre supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas. Los otros tres son el exregidor de Ourense Francisco Rodríguez (PSOE), el de exalcalde de Boqueixón (A Coruña) Adolfo Gacio, del PP, y el primer edil de Lugo, el socialista José Clemente López Orozco.
Sin embargo no es la única causa judicial que ha afectado a Currás este mes, ya que también ha sido imputado junto al exalcalde Gerardo Conde Ros, el concejal de Seguridad, Albino Vázquez, y la asesora para la coordinación de los cuerpos de seguridad, Mar Hinojosa, por prevaricación y acoso moral tras la denuncia de un policía de presiones para encubrir a un dirigente del PP pillado ebrio al volante.
En Tarragona, fue detenido el concejal de Espacios Públicos, Antonio Rodríguez, que abandonó el cargo el mismo día, por un presunto delito de favorecer la inmigración ilegal. Se le investiga por presuntamente haber tramitado permisos y contratos de trabajo de forma fraudulenta a cambio de comisiones desde su empresa en Tarragona, aprovechándose de su cargo público.
Además, en Atarfe (Granada) han sido imputados el alcalde del municipio, Tomás Ruiz Maeso (PSOE), y su antecesor en el cargo, el también socialista Víctor Sánchez, en el marco de una investigación sobre supuestas irregularidades cometidas en la concesión de las licencias de primera ocupación de la macrourbanización de Medina Elvira.
TAMBIEN HA HABIDO CONDENAS Durante este periodo los tribunales también han seguido con la tramitación de las causas ya en marcha y ha habido diversas condenas contra cargos o excargos públicos, como la dictada contra el que era alcalde de Valverde (El Hierro) y diputado autonómico, el 'popular' Agustín Padrón, condenado a seis años de inhabilitación y dos de prisión por malversación.
El Ayuntamiento compró por 182.000 euros una parcela que estaba valorada en 39.000 y Padrón dimitió de sus cargos públicos tras conocer la sentencia.
Además, la Audiencia de Málaga condenó al exalcalde de Marbella Julián Muñoz y a otros seis exediles (Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe, Marisa Alcalá, Mario Jiménez, Rafael González y Dolores Zurdo) a un año de prisión por prevaricación urbanística por conceder licencias para la construcción de 126 viviendas.
Precisamente esta semana ha quedado visto para sentencia el juicio por blanqueo de capitales que se ha seguido en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga contra Julián Muñoz, sus exparejas, Maite Zaldívar y la cantante Isabel Pantoja, y otras cuatro personas.
También ha sido condenada la exalcaldesa de Chipiona Dolores Reyes Ramos a siete años de inhabilitación especial a cualquier cargo surgido de unas elecciones municipales por un delito continuado de prevaricación.
Según el juez, dio el visto bueno a 345 contrataciones de personal laboral eventual en el Ayuntamiento sabiendo que su actuación era ilegal. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha admitido a trámite una querella interpuesta por el sargento de la Policía Local de Cudillero contra el exalcalde y diputado regional Francisco González por los presuntos delitos de cohecho, acusación y denuncia falsa y falso testimonio.
