El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha dicho que el expresidente catalán Carles Puigdemont no puede ser presidente del Govern ni miembro del ejecutivo porque, como consecuencia de sus actos, está inmerso en un proceso judicial muy complicado y huido de la justicia.
Preguntado sobre si Puigdemont podría ser "conseller en cap" (consejero primero) en una entrevista en Catalunya Radio, Millo ha dicho: "¿es una broma?" y ha razonado que si una persona no puede ser investida presidente de la Generalitat porque "está en deuda con la justicia" tampoco puede ser miembro de un gobierno.
Algunos medios han apuntado estos días que Junts per Catalunya habría estudiado la posibilidad de proponer que el Parlament elija a un presidente de la Generalitat ejecutivo y que Puigdemont pueda ser una especie de "conseller en cap" simbólico, que mantenga la residencia en Bruselas y con un cargo más representativo.
Millo ha afirmado que "nadie está por encima de la ley" y que no es aceptable que una persona "decida irse para no rendir cuentas ante la justicia". Ha explicado que el Tribunal Constitucional ha dicho que "no puede haber una investidura telemática a distancia" y que Puigdemont solo podría ser investido presidente si se presenta ante la justicia y el juez se lo permite, "porque hay derechos y deberes".
El delegado del Gobierno en Cataluña ha asegurado que él personalmente mantuvo dos reuniones privadas con Puigdemont antes del verano del año pasado y que el expresidente de la Generalitat le pidió que no las hiciera públicas. En estas reuniones, que se celebraron en el Palau de Pedralbes, Millo, como representante del Gobierno, puso sobre la mesa "una serie de propuestas" referidas a infraestructuras y financiación, entre otras cosas, pero que Puigdemont "no quería hablar de nada" sólo quería hacer un referéndum que "sabía perfectamente que no se podía hacer".
"Decir referéndum o referéndum no es un diálogo", ha dicho Millo, que ha asegurado que él siempre le contestaba que lo que hay que hacer es "encontrar una salida que permita a cada uno defender sus ideas pero siempre dentro del marco legal".
Millo ha defendido la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ha calificado de "satisfactoria", porque el objetivo era garantizar que la Generalitat continuase funcionando pese al cese del Govern y "restaurar la legalidad y el orden estatutario".
También considera preocupante que los independentistas quieran restablecer las cosas como estaban antes del 155 porque se volvería a la misma situación en la que el Gobierno tuvo que aplicar este artículo. Según Millo, ésta es una medida extraordinaria y, como todo lo extraordinario "cuanto antes se acabe, mejor" y ha añadido que "estamos prácticamente al final" y que caducará cuando se constituya legalmente el nuevo gobierno en Cataluña. Para Millo, la sociedad catalana está muy "dividida y radicalizada" como consecuencia del proceso independentista, lo que afecta a la "convivencia y a la concordia".
El representante del Ejecutivo en Cataluña ha asegurado que no le constan contactos entre miembros del Gobierno y el Tribunal Constitucional para advertir de las consecuencias negativas que tendría para el Estado que los magistrados no impidiesen la investidura de Puigdemont.
"Eso no es así", ha subrayado. Ha asegurado también que entre representantes de los diferentes poderes del Estado se habla, pero que la insinuación de que haya presión de un poder sobre otro es "absolutamente imposible" y no le "parecería bien". También ha afirmado que las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre la eventual inhabilitación de políticos catalanes, no está anticipando nada, sino "leyendo la ley".
