Un portavoz oficial británico ha afirmado que el Reino Unido "aplaudirá la implicación de Bruselas" en la crisis. El pasado viernes, el primer ministro británico, David Cameron, reclamó a la CE el envío de un equipo al Peñón para examinar los controles impuestos por España, que han causado largas colas de automóviles durante más de tres semanas en la Verja.
En una conversación telefónica, Cameron urgió a Barroso a que la Comisión mandara "con urgencia" un "equipo de control europeo" a la frontera entre España y Gibraltar para "reunir pruebas sobre los controles que se están llevando a cabo" en el acceso a la colonia británica.
Por su parte, la Comisión Europea trasladó a Cameron que hará lo que esté dentro de su competencia para asegurar el respeto de las normas comunitarias y que espera que el asunto "sea tratado por los dos países de una forma que vaya en línea con su pertenencia común" a la Unión Europea.
El Gobierno británico ha reiterado que es responsabilidad de la CE que se cumplan las leyes europeas en Gibraltar, donde los controles impiden, en su opinión, la libre circulación de ciudadanos comunitarios.
Un portavoz de Downing Street, residencia oficial de Cameron, insistió en que prefieren "resolver esto a través de medios políticos y del diálogo con el Gobierno español", sin descartar la opción de "acciones legales" contra España si persisten las colas en Gibraltar, como avanzó hace una semana. "Claramente lo que queremos es que se tome una decisión rápida que sea aceptable y que ponga fin a esos controles inaceptables" en la frontera de Gibraltar, apuntó.
El Gobierno español defiende que está ejerciendo sus obligaciones legales al establecer registros aleatorios, proporcionales y no discriminatorios en la frontera de Gibraltar. El conflicto diplomático entre los gobiernos británico y español comenzó con el lanzamiento a finales de julio de 70 bloques de hormigón en las aguas que rodean el Peñón por parte de las autoridades gibraltareñas para crear un espigón destinado supuestamente a regenerar la pesca.
El Gobierno de España, que denuncia que ello impide faenar a los pescadores españoles, comenzó posteriormente a aplicar registros intensos en la frontera de Gibraltar, que cruzan diariamente 35.000 personas, causando filas de varias horas en la Verja.
