España protestará de manera formal ante Reino Unido por la "interferencia" de una embarcación de la Royal Navy en los trabajos de investigación científica que el buque español Angeles Albariño desarrolla en aguas que rodean Gibraltar, han informado fuentes diplomáticas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español aún no ha concretado bajo qué fórmula se elevará esa protesta, si se hará a través de una nota verbal --el escrito oficial más común entre Embajadas-- o si se optará por convocar al embajador británico en Madrid.
El viernes pasado, una embarcación de la Royal Navy salió al encuentro del buque 'Angeles Albariño', que pertenece al Instituto Oceanográfico Español y que se encontraba en aguas próximas al Peñón "haciendo cometidos rutinarios" en unas aguas que España considera que "son españolas", ha explicado un portavoz del departamento que dirige Alfonso Dastis.
Una patrullera de la Royal Navy disparó bengalas a modo de advertencia después de intentar establecer comunicación por radio, sin éxito, con el 'Angeles Albariño', que abandonó la zona tras el incidente, según la versión de las autoridades británicas. El Ministerio de Defensa británico ha considerado que la presencia del 'Angeles Albariño' en unas aguas que Londres reivindica como propias constituye una "incursión ilegal en las aguas territoriales británicas de Gibraltar" y ha anunciado la presentación de una protesta formal ante el Gobierno español, según publican los medios británicos de comunicación.
España y Reino Unido mantienen un contencioso en torno a las aguas que rodean el Peñón. España considera que esas aguas son españoles puesto que por el Tratado de Utrecht de 1713 cedió solo a la Corona británica la ciudad y el castillo de Gibraltar, junto a su puerto, defensa y fortaleza, pero no el istmo que une al Peñón con la Península ni las aguas circundantes. De ahí que España solo reconozca a Reino Unido soberanía sobre las aguas del interior del puerto.
Londres en cambio viene reclamando hasta tres millas náuticas en virtud de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, posterior a Utrecht y que atribuye a cualquier territorio las aguas adyacentes.
