El juez archiva la investigación a Esperanza Aguirre e Ignacio González por el caso Púnica

Archivada la investigación a Esperanza Aguirre y al que fue su sucesor como presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, dentro del caso Púnica. Sí se propone juzgar al exconsejero madrileño Francisco Granados.

El magistrado Manuel García Castellón ha acordado sacar de la causa a Aguirre y a González como hace tiempo también hizo con la otra expresidenta Cristina Cifuentes accediendo así a la petición de Anticorrupción, que pidió el archivo del procedimiento para ambos.

Por contra, el juez sí que ha visto indicios para sentar en el banquillo a quien fuese secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados y al exgerente Beltrán Gutiérrez, así como a otras 6 personas por la presunta financiación irregular en las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de posicionamiento online de altos cargos, mientras que archiva la causa para 71 personas físicas y tres jurídicas, entre ellas también los exconsejeros Manuel Lamela, Lucía Figar, Salvador Victoria y Juan José Güemes, así como los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid.

En este procedimiento, que se inició en el año 2014 a raíz de una comisión rogatoria de Suiza por un posible delito de blanqueo de capitales en el que se investigaba a Granados, se ha investigado la financiación del PP de Madrid en las campañas electorales autonómicas de 2007 y de 2011 y las generales de 2008. Además, el magistrado ha analizado todas las adjudicaciones en el ámbito de la contratación pública, así como los contratos de reputación 'online' para posicionar a altos cargos del PP en las redes sociales.

A lo largo de 257 páginas, García Castellón explica que la principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de aportaciones de dinero en efectivo que le eran entregadas, directa o indirectamente a Francisco José Granados. Él mismo registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra, tras lo cual, descontaba de las cantidades una cuantía que retenía para sí o para terceras personas ajenas al partido y, el resto, lo hacía llegar al gerente del PP regional y futuro administrador electoral, el igualmente investigado Beltrán Gutiérrez.

El juez indica que no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre en los hechos delictivos objeto "de la presente pieza separada, pues, más allá de la prescripción de los delitos electorales asociados a las elecciones autonómicas del 2007 y del 2011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los mismos".

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