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sin unanimidad

Los servicios jurídicos del Parlament avalan la reforma de la Ley de Presidencia pero aclaran que no se podrá investir a Puigdemont

El informe de los servicios jurídicos del Parlament apunta que si la finalidad es investir a Carles Puigdemont se podría "contravenir" el deber del cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, en el sentido de que la investidura "no se pueda hacer por medios telemáticos o por persona interpuesta".

El informe de los servicios jurídicos del Parlament, nuevamente sin unanimidad, avala la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat, aunque se deja claro que no podría admitirse a trámite si la "finalidad instrumental" fuera investir a Carles Puigdemont y se descarta un procedimiento de urgencia.

El informe está firmado únicamente por el secretario general del Parlament, Xavier Muro, debido a que las diferencias internas en el seno de los servicios jurídicos de la Cámara han llevado a que, por ejemplo, el letrado mayor, Antoni Bayona, haya acabado desmarcándose, según fuentes parlamentarias.

Según el informe, la proposición de ley de modificación de la ley de Presidencia impulsada por JxCat "no permite por sí misma apreciar ninguna causa de inadmisión", si bien se apunta que "presenta algunos elementos fácticos asociados que permiten establecer presunciones sobre su finalidad instrumental".

Así, los servicios jurídicos apuntan que si la finalidad es investir a Puigdemont, se podría "contravenir" el deber de cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, en el sentido de que la investidura "no se pueda hacer por medios telemáticos o por persona interpuesta", o que "en caso de comparecer personalmente, tuviera que obtener autorización judicial".

Por otro lado, se avisa que supone "un condicionante a tener en cuenta" el hecho de que no haya gobierno y, por lo tanto, no se hayan podido constituir las comisiones legislativas, lo que supone que cualquier iniciativa "se tenga que sustanciar por el procedimiento de lectura única", lo que "ya de por sí supone una limitación de los derechos de los diputados".

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