La vista previa al juicio derivado del proceso iniciado por el Estado para reclamar a la familia Franco la propiedad del Pazo de Meirás en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no ha servido para llegar a un acuerdo. La audiencia tenía como objetivo "intentar alcanzar un acuerdo o transacción entre las partes", además de examinar "las cuestiones procesales" que puedan impedir el seguimiento del proceso y fijar "con precisión" el objeto del pleito. "Y los extremos de hecho y de derecho sobre los que exista controversia", según un auto del juzgado. Además, durante la audiencia se podía proponer y admitir prueba y examinar "las cuestiones que, con carácter excepcional, la ley prevé que puedan plantearse". A las partes, se les ha dado también la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, "incluido el recurso a una mediación", debiendo informar en la mencionada audiencia de su decisión.
Pero la Abogacía del Estado y la representación legal de la familia del dictador Francisco Franco han descartado esa posibilidad. A preguntas de la jueza, ambas partes han coincidido en que no era "sencillo" llegar a acuerdo. Así lo ha expuesto el letrado del Estado y lo ha ratificado el de la familia Franco. Ya antes de la vista, lo ha reconocido uno de los abogados de los Franco. "Dudo mucho que haya un acuerdo", ha dicho a los medios y a las puertas del Juzgado de Primera instancia número 1 el letrado Luis Felipe Utrera. "No va a ser fácil, pero ya veremos", había expuesto, a su vez, también previamente, el abogado del Estado.
¿Una propiedad basada en un contrato fraudulento?
El Pazo de Meirás, en manos de los herederos de Francisco Franco, fue declarado bien de interés cultural (BIC) por el gobierno bipartito -PSdeG y BNG- en 2008. Nueve años más tarde, en 2017, el Parlamento gallego encomendó la creación de una comisión de expertos para estudiar su posible reincorporación al patrimonio público. En 2018, la cámara gallega recibió el dictamen de este órgano y aprobó por unanimidad instar al Ejecutivo central a realizar las gestiones legales oportunas para recuperar el pazo. Un año después, el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, presentó una demanda contra la familia Franco en los juzgados de Coruña para reclamar la devolución del Pazo de Meirás. La Abogacía del Estado se basa en un documento datado del 3 de agosto de 1938 desconocido hasta ahora, firmado ante notario en el despacho del gobernador civil. En el texto se confirmaría que el contrato de venta, suscrito tres años después, a Franco fue "fraudulento", porque el inmueble ya era residencia de la Jefatura del Estado tras su adquisición por cuestación popular. En la causa también está personada la Xunta y el Ayuntamiento de Sada.
