El Pleno del Tribunal Constitucional se reunirá este miércoles para estudiar el recurso de súplica que presentó la Generalitat de Cataluña contra la decisión de suspender de forma cautelar la reforma del Reglamento del Parlament. Previsiblemente, los doce magistrados mantendrán la suspensión automática de cinco meses.
El pasado 3 de agosto, el Govern presentó un recurso de súplica después de que el Constitucional admitiese el recurso presentado por el Ejecutivo central contra la reforma del Reglamento del Parlament con el que pretende allanar la vía hacia el referéndum del 1 de octubre.
Esta admisión a trámite supuso la suspensión automática de la reforma parlamentaria recurrida durante un periodo de cinco meses prorrogables o hasta que el Constitucional dicte una sentencia sobre el fondo del asunto.
De este modo, tres días después el Govern presentó un recurso de súplica en el que acusó al Ejecutivo de Mariano Rajoy de actuar de forma "abusiva" gracias al empleo de este mecanismo.
Para la Generalitat, el hecho de que la Constitución y la Ley Orgánica del TC hayan previsto este mecanismo de impugnación y suspensión automática "no habilita a su uso injustificado y suspensión por el presidente del Gobierno del Estado para provocar la suspensión de disposiciones manifiestamente legítimas".
"No puede juzgar intenciones"
El Govern también considera que "el TC no puede juzgar ni el contexto político en el que se aprueba esta reforma del Reglamento del Parlament, ni las intenciones que la parte recurrente intuye en el legislador de Catalunña". Asimismo, recuerda que el procedimiento de lectura única impugnado es "prácticamente equivalente" al del Congreso de los Diputados y muy parecido al de otras comunidades autónomas.
Así pues, los doce magistrados que conforman el Pleno del Constitucional interrumpirán sus vacaciones para valorar el recurso de súplica presentado por la Generalitat, pero lo más previsible es que mantengan la suspensión de la reforma del Parlament, ya que dicha suspensión por cinco meses es automática siempre que se admite a trámite un recurso que pide la prohibición.
