La orden europea de detención actúa de manera similar en Dinamarca que en Bélgica, dado que en ambos países los delitos de rebelión y sedición están previstos por las leyes y en los dos se requiere, para un caso como el de Carles Puigdemont, un examen de la solicitud por la fiscalía antes de detenerle.
La Fiscalía ha solicitado cursar una orden de detención europea a Dinamarca, por los delitos de rebelión y/o sedición, contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que esta mañana ha llegado a Copenhague para dar en una conferencia en la universidad de la capital danesa.
El juez del Supremo Pablo Llarena acordó retirar las Órdenes Europeas de Detención dictadas contra el expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros imputados por el proceso independentista, el pasado 5 de diciembre, aunque mantuvo la advertencia de arrestarlos en cuanto entren en España. El juez Pablo Llarena consideró que se debían retirar las órdenes europeas que emitió contra ellos la Audiencia Nacional porque la fórmula de entrega de Puigdemont a las autoridades españolas podría condicionar la evolución de la investigación y los posibles delitos por los que se pueda procesar a los imputados.
La clave es que la entrega por parte de un país europeo a España sería por unos delitos concretos, lo que impondría que solo pudieran ser juzgados por esos y no por cualquier otro tipo penal que surgiera de la investigación, que todavía está en marcha.
Esa condición no varía por tratarse de Dinamarca o Bélgica, según han explicado fuentes jurídicas que han añadido que, en principio, la detención de Carles Puigdemont en la capital danesa difícilmente podría ser inmediata, dado que la fiscalía danesa debería estudiar el requerimiento antes de actuar. No sería lo mismo si se tratara de un huido con sentencia firme, pero es que en el caso de Puigdemont, se trata de un investigado por la Justicia que aún no ha sido juzgado.
