La Audiencia Nacional comenzaba esta semana a juzgar a los responsables del Partido Popular de la Comunidad Valenciana acusados de haber financiado ilegalmente a la formación política regional durante las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008 contratadas con la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market.
El juicio se reanudaba con la declaración del contable de la sociedad dirigida por por Álvaro Pérez 'El Bigotes', Cándido Herrero. Tras él, fue el turno del exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla, y más tarde del exsecretario general de la formación política regional Ricardo Costa.
Costa fue contundente en su declaración y aseguró que "el PP se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral del 2007".
Unas declaraciones que no están gustando en el partido, tal y como señala Eva Ortiz, secretaria general del PP de la Comunidad Valenciana. "No nos gusta lo que estamos escuchando y por eso estamos intentando dar la cara", señalaba al comienzo de su entrevista en Espejo Público.
"No vamos a entrar a valorar estrategias judiciales de nadie y vamos a respetar los tiempos judiciales", aseguraba.
Preguntada sobre si hubo financiación irregular y una 'caja b' en el partido, Ortiz dice estar a la espera de lo que diga el juez cuando acabe la causa y cuando haya una sentencia. "A día de hoy la única sentencia que conozco de financiación ilegal es del PSOE" señala la secretaria general, que pide respetar "los tiempos judiciales y esperar a que acabe este proceso".
"Hay unas estrategias de defensa que respeto, pero todo esto me produce mucha vergüenza", asegura Ortiz, que añade que "hay mucha gente honrada y honesta en este partido y aquí no tienen cabida este tipo de conductas ni de prácticas".
A la pregunta de si Francisco Camps continúa siendo militante del partido, Ortiz elude responder firmemente y señala que el expresidente "no está imputado en esta causa" y añade que "tiene abierto un expediente como corresponde según los estatutos del partido".
Preguntada sobre si Camps va a irse del Consejo Judicial Consultivo, un puesto por el que recibe 58.000 euros anuales, Ortiz considera que lo aconsejable sería que respondiera a esta pregunta "la presidenta del CJC, que es su actual jefa".
"Camps no forma parte del PP en ningún cargo institucional ni partido político, el PP ha tomado decisiones contra la corrupción, en algunos casos dolorosas, y esta es una decisión personal de Camps", indica.
Respecto a la proposición no de ley que se votará este jueves en el pleno de Les Corts Valencianes para instar a Camps a renunciar a su puesto en el CJC y al resto de prerrogativas que marca la ley del Estatuto de expresidents, Ortiz considera curioso que se le pregunte al PP porque es "donde el señor Camps no tiene ninguna responsabilidad institucional" y cree que se le debería preguntar a quien preside el Órgano Consultivo.
"No tenemos ningún tipo de miedo, pero Puig va a ser el próximo expresident y no quieren llegar al fondo del asunto porque no les interesa quitar esos privilegios", critica Ortiz, que asegura que el PP de Valencia es el único partido que quiere acabar con el Estatuto de expresidents.
Ortiz señala además que este es el momento "para que todos los partidos nos sentemos a ver qué hacemos con una lacra que nos está haciendo daño a todos".
