Caso Kitchen

El exchófer de Bárcenas pide al juez que le libre del 'Caso Kitchen' ya que creía que actuaba "por mandato judicial"

El antiguo chófer de Luis Bárcenas ha indicado que creía que actuaba con pleno convencimiento de que lo que estaba haciendo era por "mandato judicial y de policías".

El exchófer de Bárcenas pide al juez que le libre del 'Caso Kitchen' ya que creía que actuaba "por mandato judicial"

El exchófer de Bárcenas pide al juez que le libre del 'Caso Kitchen' ya que creía que actuaba "por mandato judicial"EFE

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Sergio Ríos, el antiguo chofer del extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha presentado este martes un recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, por procesarlo por este supuesto operativo parapolicial argumentando que actuó con "convencimiento pleno" de que era legal.

Ríos ha recurrido su procesamiento en un escrito este martes, en el que pide la nulidad del auto o, en su caso, su revocación para practicar una serie de diligencias que considera fundamentales para esclarecer los hechos y acordar el archivo de la causa para él, según ha informado Efe

Ríos, que está investigado como presunto espía de la trama 'Kitchen', se sospecha que actuó como confidente policial en la operación a cambio de dinero de los fondos reservados, insiste en que actuó "con la conciencia y el convencimiento pleno de que lo hacía por mandato judicial y de policías", para colaborar con las autoridades y "para evitar la comisión de nuevos delitos". También para ayudar a esclarecer los hechos relativos a la trama Gürtel, por la que Bárcenas cumple actualmente condena, según ha informado la agencia.

Según sostiene el abogado de Ríos, se estima que el auto es "manifiestamente prematuro e improcedente" al quedar diligencias "necesarias e imprescindibles" por practicar, como la que pidió para tratar de desmontar la teoría de que su acceso a la Policía fue una contraprestación por su labor en Kitchen.

El magistrado puso fin a la investigación de la 'Operación Kitchen' en julio, acordando procesar a 11 personas por el espionaje entre 2013 y 2015, desde el Ministerio de Interior contra Luis Bárcenas, con el objetivo de robarle la documentación comprometedora que pudiera tener del Partido Popular y de sus dirigentes, y evitar que cayese en manos de la Justicia.

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