El exdirector general de Unipost Pau Raventós ha asegurado ante el juez de Barcelona que investiga a varios altos cargos del Govern por malversación por el 1-O que su empresa postal no cobró ni un euro de la Generalitat por encargos vinculados al referéndum. Según han informado fuentes judiciales, Raventós, que fue detenido por la Guardia Civil el pasado 14 de diciembre, cuando todavía era director general de esta empresa actualmente en proceso de liquidación, ha comparecido como investigado ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga si la Generalitat destinó fondos públicos para el referéndum ilegal.
Raventós, que únicamente ha contestado a las preguntas de su abogado, Jorge Navarro, ha asegurado ante el juez que Unipost no cobró ni un euro de la Generalitat por trabajos de envío postal vinculados al referéndum del 1-O, aunque sí llegaron a elaborar presupuestos por encargos, que no llegaron a efectuar ni cobrar. El juez ha citado como investigado a Raventós después de que la Guardia Civil concluyó en un informe que la compañía postal facturó 979.661,96 euros a la Generalitat por repartir cartas certificadas a los componentes de las mesas electorales del 1-O y repartir 5,3 millones de tarjetas censales, aunque la acción de la justicia impidió su distribución.
Ante el juez también ha comparecido como investigado el jefe de operaciones de plataforma de Unipost, Felipe A., que también ha respondido únicamente a su abogado y que ha alegado que se limitó a enviar un correo a los repartidores para que prepararan un operativo para certificados, como le ordenaron sus superiores, aunque desconocía quién era el cliente y el contenido de los sobres. Al igual que Raventós, Felipe A. fue detenido por la Guardia Civil, en su caso el pasado 25 de enero, también por los delitos de malversación, falsedad y descubrimiento y revelación de secretos.
Según la Guardia Civil, el jefe de operaciones de plataforma de Unipost dio instrucciones a través de un correo electrónico a diferente personal de la compañía postal para que procesaran "lo más rápido posible", el pasado sábado 16 de septiembre, un total de 10.000 certificados en Barcelona y 35.000 interurbanos, aunque finalmente este material fue intervenido por el instituto armado ese mismo día.
En el marco de la investigación sobre la financiación del 1-O, la Guardia Civil sospecha que Unipost actuó "en concierto" con el Govern para facilitar el referéndum y facturó casi un millón de euros a la Generalitat por servicios vinculados a esta votación. El juez trata de corroborar si la Generalitat, como advierte la Guardia Civil en un informe, fraccionó los pagos a Unipost para "simular" la operación a través de cinco facturas giradas a otras tantas consellerías con las que mantenía un contrato marco desde 2016 para facturar servicios de envíos: Presidencia, Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales y Cultura.
Según la Guardia Civil, se ha constatado el intento de Unipost de cobrar "al menos" una de estas facturas, por importe de 238.965 euros, dirigida al departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, "sin que conste" que la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, "haya activado ningún procedimiento para denunciar este intento fraudulento de cobro".
Dos directivos de Unipost que testificaron ante el juez el pasado 21 de marzo aseguraron, al igual que ha hecho Raventós, que la empresa no recibió ningún pago del Govern sobre el 1-O y alegaron que tenían un contrato marco para efectuar envíos periódicos que les encargaba el ejecutivo catalán. Según la Guardia Civil, existió un "concierto manifiesto" entre Unipost y la Generalitat, "urgido por el propio Govern para materializar el referéndum del 1-O", en el que la persona de contacto de la administración catalana con la empresa postal era Francesc Sutrias, uno de los altos cargos del Govern detenidos el pasado 20 de septiembre, que fue director de Patrimonio de la secretaría de Hacienda de la consellería de Economía cuando la dirigía Oriol Junqueras.
Tras la detención el pasado 14 de diciembre de Pau Raventós, Unipost alegó que nunca ha financiado actuaciones fuera de su objeto social y que desconoce el contenido de los documentos que distribuye, en la misma línea sostenida hoy por ambos investigados ante el magistrado. La Generalitat ya encargó a Unipost el buzoneo de información institucional de la consulta del 9N de 2014, que también había sido suspendida por el Constitucional, en ese caso por 240.259 euros.
