Exmagistrados del Supremo y exfiscales se querellan contra Juan Carlos I por cinco delitos contra la Hacienda Pública

Exmagistrados del Tribunal Supremo y exfiscales se querellan contra el rey emérito Juan Carlos I por cinco delitos contra Hacienda Los querellantes señalan delitos cometidos en las declaraciones tributarias correspondientes entre los años 2014 y 2018. Aseguran que la regularización que hizo fue ilegal. Dicha querella se ha presentado ante la Sala Segunda del Supremo. Entre los querellantes figuran José Antonio Martín Pallín, magistrado jubilado del Supremo y fiscales anticorrupción retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, además de periodistas y filósofos.

En esta querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, los exmagistrados relatan que cinco delitos fiscales cometidos por el rey emérito entre los años 2014 y 2018 no habrían prescrito. También mantienen que la Fiscalía informó a Juan Carlos I de que se le había abierto una investigación por la existencia de infracciones tributarias.

Atendiendo a las fechas en las que se habrían cometido los hechos denunciados, serían después de la abdicación de Juan Carlos I, lo que conlleva la pérdida de la de inviolabilidad que le han otorgado los tribunales españoles al interpretar el texto constitucional

"El Ministerio Fiscal cuando comunica a un investigado la apertura de una Diligencias de Investigación en la que existen datos de actividades irregulares con relevancia tributaria, nunca puede tener un conocimiento pormenorizado de los datos que avalan una posible infracción tributaria porque se trata de una información de la que solo puede tener conocimiento la Agencia Tributaria una vez concluido el expediente sancionador que cierra el paso a la posibilidad de una regularización", se lee en el texto.

"Disentimos de su dictamen"

"Con todo el respeto que nos merece la institución de la Fiscalía General del Estado, en la que está integrada la Fiscalía del Tribunal Supremo, disentimos de su dictamen que considera que la regularización se efectuó correctamente", remarcan.

También recuerda que en el sistema procesal, la opinión del Ministerio fiscal no cierra la vía para exigir responsabilidades penales ante los tribunales de Justicia a través del ejercicio de la acción popular. "Los órganos judiciales son los únicos competentes para determinar, con carácter definitivo, si la regularización es correcta o por el contrario, como sostenemos, no se ha ajustado la legalidad".

Creen que la regularización de más de 600.000 euros en un primer momento y posteriormente de otros 4,4 millones de euros no se debió permitir debido a que el rey emérito había recibido ya dos notificaciones previas y se le había ofrecido la posibilidad de personarse en el procedimiento.

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