Dos expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU han elaborado un informe en el que señalan que España "debe garantizar el respeto a derechos fundamentales en su respuesta al referéndum catalán" del 1 de octubre.
Según señalan en el informe, publicado en la web del organismo, el Estado debe garantizar que las medidas adoptadas "no interfieran con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública". "Independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas", subrayan ambos.
Independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen que respetar los derechos esenciales
Añaden que desde que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió la Ley del Referéndum, "cientos de miles de catalanes han salido a la calle para protestar". "Las tensiones han aumentado, con las autoridades registrando casas de imprenta y confiscando materiales electorales", además de bloqueos de páginas web sobre el referéndum y vetos de actos políticos relacionados con la votación, alertan. También señalan que se ha detenido a altos cargos y técnicos del Govern, y que "los dirigentes de las protestas masivas han sido acusados de sedición, un crimen que conlleva una pena máxima de 15 años de prisión".
Estas medidas, apuntan, son muy preocupantes porque "parecen violar derechos individuales fundamentales, limitando el flujo de información pública y la posibilidad de un debate abierto en un momento crítico para la democracia española".
También dicen que les preocupa el despliegue policial en Cataluña y la orden de que los agentes eviten la votación: "Nos preocupa que esta orden y la retórica que la acompaña puedan aumentar las tensiones y el malestar social". Ante esta situación, los expertos instan "a todas las partes a ejercer la mayor moderación y a evitar actos violentos de cualquier tipo", y afirman que han estado en contacto con el Gobierno de España para abordar la situación.
Los firmantes del informe son el relator especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión David Kaye, y el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo Alfred de Zayas. En la web se especifica que ambos trabajan de manera voluntaria, no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor: "Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual".
