José Antonio Griñán
Políticos, empresarios, periodistas y profesores universitarios firman la petición de indulto para Griñán
La familia de José Antonio Griñán presenta una solicitud de indulto al Ministerio de Justicia para evitar la pena de cárcel de seis años por el caso de los ERE.
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La familia de José Antonio Griñán ha presentado una solicitud de indulto al Ministerio de Justicia para evitar los seis años de cárcel a los que está condenado por el caso de los ERE. Este escrito irá acompañado de una lista de firmas del mundo político, sindical, empresarial, cultural y deportivo en apoyo al expresidente andaluz.
La petición suma ya más de 4.000 firmas procedentes no sólo de miembros del partido socialista, sino también de políticos del Partido Popular, de Izquierda Unida, andalucistas y nacionalistas catalanes. Además de históricos socialistas que apoyan el indulto, como Felipe González, Alfonso Guerra o José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentran el exministro Rodolfo Martín Villa, el exdiputado del PP Eugenio Nasarre o el histórico dirigente del PP andaluz Juan Ojeda.
Del mundo deportivo, han firmado la lista el exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque y la esquiadora María José Rienda. Del panorama cultural, personalidades como Miguel Ríos, José Luis Garci, Javier Cercas y Luis García Montero, entre otros, también han firmado lasolicitud de indulto.
La expresidenta andaluza Susana Díaz y el político Josep Borrell también han firmado
Los respaldos también le llegan del mundo del derecho y la judicatura de empresa y sindicatos, de periodistas, rectores y profesores de universidad. Han firmado la petición de indulto la expresidenta socialista andaluza Susana Díaz, políticos internacionales como Josep Borrell o Javier Solana, y periodistas como Iñaki Gabilondo, Soledad Gallego o Maruja Torres.
José Antonio Griñán ha sido condenado a seis años de prisión por delito de malversación. El Tribunal Supremo ha condenado a prisión a nueve exaltos cargos del Gobierno andaluz entre los años 2000 y 2009 por un sistema de concesión de ayudas sociolaborales a sabiendas del "descontrol" y de las "gravísimas ilegalidades" que se cometían, a pesar de lo cual no hicieron nada para impedirlo. La Sala entiende que dicha malversación se produce "cuando se dispone de esos caudales como si fueran propios, de forma libre y arbitraria, al margen de todo control y de cualquier criterio mínimamente reglado".
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