Tribunales
Un fiscal de Extremadura se ocupará de la denuncia del novio de Ayuso contra dos fiscales de Madrid
El Ministerio Público aparta a la fiscal María de la O Silva, favorable a investigar el caso, después de que la Junta de Fiscales de Sala votase en contra.
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid aún no ha decidido si admite a trámite la querella de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales de Madrid por presunta revelación de secretos. Esa decisión se tomará "en estos próximos días", según confirman fuentes judiciales a Antena 3 Noticias.
Sin embargo, aunque aún se desconozca si el caso sigue o no adelante, Fiscalía General del Estado ya ha decidido apartar a la actual fiscal que lleva el caso, María de la O Silva, tras sus discrepancias con la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y mano derecha del Fiscal General, Álvaro García Ortiz, y número dos del Ministerio Público. La Teniente era partidiaria de archivar la causa, todo lo contrario que la fiscal Silva que, para defender su postura, invocó a la Junta de Fiscales. El órgano, sin embargo, votó a favor del criterio de la Teniente.
Es "lo más razonable"
A consecuencia de lo ocurrido, la fiscal del caso ahora ha sido apartada y su sustituto será en el fiscal superior de Extremadura, Javier Montero. Fuentes fiscales aseguran que es "lo más razonable" que un caso que tiene como querellados a dos fiscales de Madrid lo lleve alguien de otra comunidad autónoma. Hay que tener en cuenta que la denuncia del novio de Ayuso apunta a lo más alto del Ministerio Público madrileño, dirigiéndose contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, así como el fiscal de delitos económicos. Esas mismas fuentes señalan que "hay precedentes" de investigaciones contra fiscales de un territorio que llevan a cabo desde otro.
González Amador ha emprendido acciones legales contra ambos después de que la Fiscalía Provincial publicase una nota de prensa en la que daba cuenta de los contactos entre esa misma fiscalía y su abogado, haciendo públicas fechas, horas y, sobre todo, contenido de esas comunicaciones. Una información que, para el denunciante y su letrado, es prueba suficiente para acusar ambos de un presunto delito de revelación de secretos.
Hace unos días, el juzgado en el que se interpuso la querella decidió elevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que es quien ahora tiene la última palabra.
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