El fiscal general del Estado niega ante el juez que filtrara los correos de la pareja de Ayuso y asegura borrar siempre sus mensajes por la "información sensible"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha declarado este miércoles durante una hora y media como imputado en el Tribunal Supremo (TS). A pocos minutos de las diez de la mañana, García Ortiz llegaba al Supremo, donde su comparecencia levanta gran expectación. A su salida, el Fiscal General se ha mostrado sonriente, sin embargo, el ambiente en el exterior era completamente opuesto ya que se escuchaban los abucheos.

Nunca antes en España un fiscal general ha estado en esta situación. García Ortiz está investigado por presunta revelación de secretos por supuestamente filtrar datos privados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En su declaración, García Ortiz ha negado que se hayan producido las filtraciones sobre los correos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y ha explicado que suele borrar contenido del móvil por una cuestión de seguridad y por ser una obligación legal ya que tiene "información sensible".

Solo responde a las preguntas de su abogado

Durante su declaración, el fiscal general sólo ha respondido a las preguntas que le ha hecho el abogado del Estado, el cual ejerce su defensa. Del mismo modo, también ha respondido a las pregustas de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sin embargo, ella no formuló ninguna cuestión.

Por el contrario, se negó a responder a las preguntas que le hicieron las acusaciones populares y a las del juez Hurtado, del que dijo que está "predeterminado" sobre esta causa, lo que le impide "ver la verdad sobre lo sucedido".

Álvaro García Ortiz ha declarado en el alto tribunal un día después de salir indemne de la vista del Tribunal Supremo sobre la anulación de su nombramiento. El Supremo rechazó por unanimidad el recurso de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).

Desde el Gobierno mostraron su "apoyo y respaldo" al fiscal general del Estado. Así lo señaló el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El ministro se declaró convencido de que "la verdad se abrirá paso" y que el Tribunal Supremo dictará una resolución "fundamentada en pruebas" que exculpará a García Ortiz.

La imputación de García Ortiz se enmarca en la causa abierta por el TS para investigar supuestas revelaciones de secretos vinculadas al conocido como 'caso filtraciones'. Este proceso ha dado un giro con la nueva providencia del juez Hurtado, quien, tras tomar declaración a diversos testigos, entre ellos Juan Lobato, el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña Miguel Ángel Rodríguez y varios periodistas, considera que "existen indicios suficientes" para llamar a declarar al fiscal general.

El propio Gobierno defendió que la actuación de la Fiscalía se dirigió a desmentir las afirmaciones de Rodríguez, quien sostiene que hubo maniobras interesadas para impedir un acuerdo con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Desde la perspectiva gubernamental, la misión del equipo de García Ortiz fue aclarar si existía delito, sin pretender en ningún momento vulnerar la ley.

Se espera que este jueves comparezca María Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid. Además, el juez ha incorporado como tercer imputado a Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía. Hurtado considera que la declaración de varios testigos y un registro efectuado en la sede central del Ministerio Público refuerzan la hipótesis de delitos vinculados a la divulgación de secretos y a un supuesto propósito de encubrir información comprometida.

El recurso de APIF contra García Ortiz

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó el recurso de APIF contra la decisión del Ejecutivo en diciembre de 2023 de renovar a García Ortiz. Desde APIF defendían que el fiscal general del Estado no era "idóneo" para desempeñar "la jefatura de todos los fiscales de España" por sus actuaciones desde que fue nombrado. En un comunicado señalaban el hecho de que el Tribunal Supremo anulase -al apreciar "desviación de poder"- la decisión de de Álvaro García Ortiz de nombrar de Sala a Dolores Delgado, la antecesora en el cargo.

La asociación hizo hincapié en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) exige que el candidato a fiscal general debe de ser jurista de reconocido prestigio, un requisito que "si bien podría haber concurrido" en García Ortiz, "decae en el momento que ha sido condenado por el Supremo" por "desviación de poder".

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