El fiscal general pide elevar la causa abierta del novio de Isabel Díaz Ayuso al Tribunal Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asume la responsabilidad "última" de la nota de prensa sobre la causa abierta por delito fiscal a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, y, por ello, pide por elevar la causa al Supremo. Así lo ha comunicado mediante un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

De esta manera, García Ortiz responde directamente al juez que lleva la causa en el TSJM que esa nota de prensa no se habría publicado sin su previa autorización e instrucciones "expresas y directas". Por ello concluye que el TSJM carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la citada nota, que correspondería al Tribunal Supremo.

García Ortiz ya asumió de forma pública y verbal la responsabilidad de la nota de prensa en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril. En esa declaración, que se dirigía a zanjar especulaciones sobre su "notoria e imprescindible participación en la emisión de la nota de prensa", ya fue aportada a la causa que se sigue en el TSJM por el Fiscal Superior encargado del procedimiento.

Con esa declaración y el escrito presentado este lunes, el Fiscal General trata de proteger a las y los fiscales de Madrid -tanto de la Fiscalía de la Comunidad como de la Fiscalía Provincial- y a la Fiscalía en su conjunto, según ha destacado la Fiscalía General en una nota de prensa emitida este lunes para anunciar la presentación del escrito.

La nota se emitió "para poner fin a un bulo"

García Ortiz ha reiterado que la nota se emitió "para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario Fiscal" y para cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía. Y ha asegurado que le resulta "cuando menos sorprendente" que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos porque, como consta en el escrito remitido al TSJM, en aquellos momentos los correos electrónicos que el letrado de la persona investigada había enviado a la dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid "circulaban ya -sin contención alguna- por las redacciones de varios medios de comunicación".

"No puedo consentir ni tolerar", asegura el fiscal general, dejar "cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal". Y todo, "cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador".

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